Recientemente, se han identificado iniciativas políticas, de diferente escala, tendientes a la creación de una banca para el desarrollo productivo, es decir, un sistema racional, formal, multiescalar, capaz de aportar previsibilidad y liquidez a pequeñas, medianas y grandes empresas, muchas de ellas hoy en crisis. Esta demanda política de racionalidad económica institucional, ha motivado la recuperación de antecedentes jurídicos, investigaciones contables y otras actuaciones formales que se desarrollaron al interior del sistema financiero local, específicamente en torno a la liquidación del Banco Provincial de Santa Fe (BPSF).
La comisión Ghezzi
Las primeras actuaciones formales, en ese sentido y en contra del vaciamiento de la entidad bancaria, fueron realizadas por una comisión parlamentaria constituida a instancias del diputado Luis Ghezzi, en 1990, cuyos primeros resultados constituyeron la base de lo que, siete años después, fue la Comisión Investigadora del Banco Provincial de Santa Fe, encabezada por el doctor Alfredo Nogueras.
Ésta última fue creada, por decreto, a instancias de una devolución que la Fiscalía de Estado hiciera de las mencionadas primeras actuaciones de la comisión parlamentaria encabezada por el diputado Ghezzi.
La fiscal Lepenies, una vez consustanciada con la documental y requerida su opinión “sobre aspectos legales de una eventual acción de gobierno en relación a la situación [del banco]”, se dirigió al gobernador, por entonces Ing. Jorge Obeid, en estos términos:
“Se advierte que:
— Sobre 58 mayores deudores examinados, en 35 de esos casos, se promovió algún tipo de actuación administrativa para deslindar responsabilidades, lo cual derivó en 8 denuncias penales promovidas por el banco (ninguna de ellas tendría sentencia firme según los datos de que se dispone); en 22 casos, del total remitido, no se habría ordenado investigación administrativa alguna.
— Revisadas las actuaciones sumariales, en general, puede afirmarse que las investigaciones no profundizaron sobre la totalidad de la deuda examinada, sino sobre episodios puntuales de su evolución.
— No consta que hayan sido sancionados funcionarios de la línea administrativa de jerarquía máxima, [y] se reconoce la existencia de presiones sobre funcionarios de menor jerarquía, desde el directorio y el máximo nivel administrativo, sin que se promueva profundización alguna. En el sumario 2715/04, por ejemplo, “se afirma que el directorio y su presidente tenían conocimiento de la operatoria, pero las actuaciones fueron archivadas”.
— No consta que se hayan promovido investigaciones judiciales contra funcionarios de nivel político (asesores o directores).
La fiscal Lepenies, asimismo, instó a que se aceleren las acciones judiciales en trámite y se profundice en las razones por las que no se recomendó realizar las denuncias penales del caso, o se dispuso el archivo de las actuaciones, la funcionaria consideró también factible que se hayan otorgado créditos y se hayan contraído deudas “fuera de las normas internas o externas regulatorias de las operatorias respectivas”. En definitiva, concluyó Lepenies: “no se observa actividad interna tendente a hacer efectiva la responsabilidad civil de empleados o funcionarios responsables de perjuicios”.
“Esto es”, continúa en su alegato, “incompatible con el Derecho, específicamente con el principio de buena administración y transparencia exigida para los actos de gobierno” (Art. 18 de la Constitución Provincial). Más aún, la fiscalía bajo su cargo, encontró agravante, además, el hecho de ser el banco “un Ente en proceso de privatización dispuesto por voluntad legislativa” y en los considerandos finales afirmó que “el Poder Ejecutivo puede dictar un decreto que instruya a los directores del banco para que, previo desarrollo de la actividad interna necesaria, arbitren los medios para atender las observaciones particulares indicadas (…) y dispongan el inicio de acciones civiles dirigidas a empleados y funcionarios responsables de perjuicios contra el banco por créditos irregularmente otorgados”. En otras palabras, le comunicaba al Poder Ejecutivo que podía, si lo estimara, “obrar en consecuencia”.
El informe Nogueras
Sobre esta circunstancia, en la cual la fiscal insta al Poder Ejecutivo a “obrar en consecuencia” a partir de las incompatibilidades con el Derecho documentadas, una investigación todavía inédita, a la que tuvo acceso El Colono del Oeste, dice: “llama poderosamente la atención que el Poder Ejecutivo Provincial debiera recurrir a la Fiscalía de Estado y posteriormente a la creación de una Comisión Investigadora para analizar la operatoria del banco, (…) cuando los órganos naturales para ejercer dicho control son el Directorio, la Sindicatura y las Auditorías tanto Internas como Externas”.
De hecho, el decreto promovido tras los primeros informes de la Comisión Ghezzi, daría lugar a la creación de la Comisión para la Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe, que llevó a cabo, tal como menciona el informe inédito, un “exhaustivo y encomiable” trabajo, reunido en los dictámenes de las subcomisiones investigadoras que eran elevados a la comisión central supervisada por Nogueras.
Éstas subcomisiones fueron, a saber: de créditos impagos y grandes deudores, presidida por el entonces senador Alberto Beccani; de contrataciones, a cargo del diputado Alfredo Cecchi; de relaciones entre el banco y el gobierno provincial, coordinada por el senador Pablo Cardinale; una subcomisión jurídica, cuyo titular fue el doctor Eduardo Orio y otra de denuncias, bajo responsabilidad del diputado Vicente Cuñado.
El resultado, abreviado, se conoce como “Informe Nogueras” y circula en forma de libro.
Destino inmediato del Informe Nogueras
El Informe Nogueras fue entregado en agosto de 1997. El 4 de septiembre de 1997, el CPN Walter Agosto, actual ministro de Economía y por aquellos días presidente del banco, se lo envió al Procurador General doctor Jorge Bof, quien le contestó diciéndole que los antecedentes remitidos correspondientes al Informe Final de la Comisión Investigadora, habían sido girados a la Mesa de Entradas Única de las Fiscalías de Distrito de los Tribunales de Santa Fe, para “su toma de razón y remisión al Fiscal de Distrito, que por turno corresponda intervenir”.
El 24 del mismo mes, por nota firmada por la doctora Lucila Moschino, en calidad de Secretaria de la Comisión Investigadora, dirigida al mencionado Walter Agosto, se hace constar que el “diputado demo-progresista, doctor Miguel Bullrich, miembro de esta Comisión, se hizo presente en el Juzgado de Instrucción de la 7ma. Nominación de Santa Fe a cargo del Dr. Julio César Costa, al que le fuera remitido el Dictamen Final de la Comisión, que el banco presentó oportunamente al Procurador de la Corte”.
Adicionalmente, se solicitaron copias completas para el Archivo General de la Provincia, las presidencias de las cámaras parlamentarias, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Arzobispado de Rosario y la Biblioteca del Congreso de la Nación.
El “Informe Sciara”
A partir de lo que fue otra de las investigaciones, en este caso una pesquisa contable del proceso de privatización, coordinada por el entonces ministro de Economía Ángel Sciara, en la que se logró establecer, por primera vez, la cifra del daño económico causado a nuestra provincia en todo el proceso de privatización —a saber: 1000 millones de dólares estadounidenses—, editada durante el gobierno del doctor Antonio Bonfatti en 2014, y que empieza a conocerse en el mundo político provincial, como “Informe Sciara”, se están desarrollando diferentes líneas de investigación, una de ellas es la que tuvo lugar, bajo la forma de una nueva revisión, a partir de la desclasificación de los informes de las comisiones presididas por Nogueras.
En esta última revisión, a la cual nos referimos como investigación inédita, se sostiene que “el trabajo de la Comisión Investigadora [Nogueras], lejos de difundirse como se propuso en sus Conclusiones y Recomendaciones, permaneció mayoritariamente oculto para la sociedad santafesina, hasta que, mediante Resolución 0393 del 27 de agosto de 2008 suscripta por el entonces Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, siendo gobernador el doctor Hermes Juan Binner y, recientemente, en marzo de 2017, cuando el ex gobernador Ing. Miguel Lifschitz, propuso avanzar en la libre accesibilidad de la documentación producida por la Comisión”.
No obstante, continúa esta reciente investigación, más allá de la accesibilidad, el Informe Nogueras, que presentó “de forma clara y sencilla, con base documental, con auditorías realizadas por prestigiosas universidades y profesionales de excelencia, la situación del BPSF entre 1987 y 1997, cayó en saco roto”.
Finalmente, no deja de ser sugestivo, en ese sentido, que el presidente de la cámara de diputados, Miguel Lifschitz, en su última reunión con el actual gobernador, CPN Omar Perotti, quien tuvo a su cargo la coordinación del proceso de privatización del Banco Provincial de Santa Fe, haya mencionado que, en el cónclave, no se trataron “asuntos del pasado”.
Localmente, a su vez, resulta digno de consideración que el lugar elegido por el gobernador Perotti para visitar, por primera vez, en calidad de primer mandatario provincial, nuestra ciudad, haya sido el Club Almagro, institución insignia que aún está pagando las consecuencias de la impune estafa perpetrada a su mutual.
Mauricio Yennerich
En la foto, la Fiscal Irmgard Elena Lepenies, quien instruyó las acciones jurídicas tendientes a lo que luego se constituirá en la Comisión Investigadora del BPSF y cuyos resultados abreviados se conocen como “Informe Nogueras”.