Cristina Kirchner apeló su procesamiento con prisión preventiva en la causa AMIA

La ex presidente Cristina Kirchner apeló hoy el procesamiento con prisión preventiva impuesta en su contra por el juez federal Claudio Bonadio en el
marco de la causa por traición a la patria y encubrimiento por la investigación de la AMIA.

Lo hizo a través de su abogado Alejandro Rúa, para que la Cámara Federal revise la medida impuesta por el juez de primera instancia, y recurrió también respecto al embargo de 50.000.000 de pesos. Se trata del fallo en donde el juez federal, el pasado 7 de diciembre, procesó y detuvo al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, a Jorge Khalil, a Luis D’Elía y Fernando Esteche, ex líder de Quebracho.

Según fundamentó el magistrado respecto de las detenciones, “es posible sostener que” Timerman, Khalil, Esteche, D’Elía, Zannini y Cristina Fernández, “atento a sus vínculos, siendo la última nombrada senadora nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial“.

Sin prisión preventiva y por los mismos delitos quedaron procesados Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Angelina Abbona y Alan Bogado.

En su fallo el juez dio por probada la “existencia de una maniobra delictiva que tenía como finalidad normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”, buscados por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994.

“Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”, sentenció el juez.

Para ello elaboraron el Memorándum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha “en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados”, dice el fallo.

“Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner” junto a Timerman y otros acusados, advirtió el juez.

Sobre la ex presidenta, Bonadio remarcó que “la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Timerman”. La investigación se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación.

A la actual senadora electa Bonadio le dictó el procesamiento con prisión preventiva y la embargó por 50 millones de pesos como coautora de “traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo” de la justicia, esto último en relación a los vínculos que aún conserva y podrían entorpecer la pesquisa. Por ello pidió su desafuero para detenerla por considerar que puede entorpecer la investigación a raíz de sus contactos.

“Solicítese al Honorable Senado de la Nación, el desafuero de Cristina Elisabet Fernández, con el fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución Nacional y artículo 1° de la ley N° 25.320)”, solicitó en un oficio enviado hoy a la Cámara Alta.

“Por lo menos a partir del año 2010, el gobierno que presidió Cristina Elisabet Fernández exteriorizó un cambio de postura política frente al caso AMIA, diametralmente opuesto al adoptado desde que ocurrió el atentado”, remarcó el fallo.

Y lo hizo al aceptar pedidos de ese país rechazados anteriormente “por tener como fin buscar una salida política a la causa AMIA y lograr desincriminar a ese estado y a los acusados por el atentado”.

Según sostuvo Bonadio, para consumar el delito se tramitó la firma del fallido Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán, que fue aprobado por el Congreso Nacional pero luego la justicia declaró inconstitucional.

Para ello “nunca se le dio intervención a ninguna autoridad judicial de nuestro país vinculada a la causa AMIA, ni tampoco existieron diligencias tendientes a contar con la conformidad del Máximo Tribunal para llevar a cabo las medidas previstas en el memorando de entendimiento”, agregó.

“Las pruebas recolectadas a lo largo de la presente, demuestran que los imputados utilizaron diferentes órganos del estado -en este caso el Congreso de la Nación- para aparentar la legalidad del memorando y sus “buenas intenciones”, todo con el propósito de conseguir la aprobación del mismo”, se sostuvo.