En su extensa resolución, el juez federal Claudio Bonadio sostuvo que existen una serie de contradicciones e inconsistencias criminales entre los objetivos manifestados públicamente -un avance en la causa AMIA- y lo que realmente se buscaba obtener: la impunidad de los responsables del atentado.
Según pudo saber Infobae, Bonadio consideró que la finalidad perseguida por largo tiempo fue que la República Argentina no señale a Irán como un Estado terrorista y que promueve y financia organizaciones terroristas.
Asimismo, para el magistrado existe responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y colaboraron para lograr los objetivos de un país que está demostrado judicialmente que ordenó, organizó, financió e instigó dos atentados en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de lesa humanidad. Para Bonadio los dos ataques terroristas son actos de agresión y de guerra en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Según afirmó Bonadio en su resolución, nadie, nunca, ningún jurista destacado de la Argentina aceptó haber participado en la redacción de borradores o de memos internos que hayan servido para la elaboración de un proyecto de memorándum para ser presentado durante las negociaciones técnicas o políticas con las delegaciones iraníes.
Solo el entonces canciller Héctor Timerman -que carece de la mínima formación universitaria para tal fin- declaró en su descargo por escrito que lo redactó en un hotel del que no recuerda el nombre y con la sola compañía de su contraparte iraní, el canciller Alí Akbar Salehi.
Según la versión de Timerman, ese documento sólo lo consultó con Cristina Elisabet Kirchner y Carlos Zannini y luego viajó a Etiopía donde lo firmó. “Conclusión: o Héctor Timerman miente, lo que es grave, o el “Memorándum de Entendimiento” fue redactado por Irán y firmado sin más por Timerman”, sostuvo Bonadio en su fallo.
“Teniendo en cuenta las probanzas colectadas en autos y con la certeza exigida en esta etapa procesal, entiendo que Cristina Elisabet Fernández, Héctor Marcos Timerman”, y los demás imputados, “resultan ‘prima facie’ responsables de los delitos de traición, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional”, afirmó el juez.
Además, en su resolución el juez federal Claudio Bonadio decretó el embargo por 50 millones de pesos de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, Eduardo Zuain, Juan Martín Mena y Angelina Abbona. Asimismo, ordenó embargos por 35 millones contra Oscar Parrilli, Andrés “Cuervo” Larroque, Jorge Alberto “Yussuf” Khalil, Luis Fernando Esteche, Luis D’Elía y Ramón Héctor Allan Bogado.