El médico de la ciudad de San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias, acusado por el abuso sexual de dos adolescentes continuará en prisión preventiva, en la Alcaldía de la ciudad de Esperanza, cabecera del Departamento, luego de que el juez de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, Alejandro Tizón, rechazara el recurso presentado por su defensa.
El magistrado santafesino consideró que los riesgos procesales continúan vigentes y destacó que “el Estado argentino está obligado a perseguir penalmente con mayor rigidez” este tipo de delitos.
Miguel Ángel Marchisio (52) permanece privado de su libertad desde principios de julio, cuando el juez Leandro Lazzarini le impuso la cautelar de máxima a pedido de los fiscales Alejandro Benítez y María Celeste Minniti.
El médico fue imputado oportunamente por el “abuso sexual simple” y el “abuso sexual gravemente ultrajante” de dos chicas de 15 y 16 años, a quienes atendió en el Centro de Asistencia Municipal (CAM) de San Jerónimo Norte.
Ese mismo mes se realizaron las entrevistas en cámara Gesell a las adolescentes, y la defensa solicitó la revisión de la prisión preventiva de Marchisio.
El 23 de julio el juez Pablo Busaniche rechazó las medidas alternativas propuestas, ordenando que el médico continúe tras las rejas.
Esta resolución fue apelada por los abogados defensores Sebastián Gervasoni y Raúl Ochoa y Gómez, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión del juez de primera instancia.
El juez destacó “la necesidad (que hubo) de efectuar un allanamiento para hacerse de las historias clínicas” en el centro médico donde las adolescentes fueron atendidas.
Relación de confianza
La apelación de la defensa del médico se basó, principalmente, en que la cautelar “luce desproporcionada y arbitraria” señalando que Marchisio “podría estar cautelado con medidas menos gravosas” ya que se trata de una persona con un “profundo arraigo, -que- tiene una familia muy bien constituída, de religión católica y profesante”.
Para la defensa “se lo ha tratado como un vulgar delincuente” mientras que “el pueblo salió a defender su libertad porque conoce la situación del hecho que se está investigando”.
Además, aseguraron que “el médico no fue más allá de las responsabilidades de su cargo” a la hora de atender a sus pacientes.
Las pruebas mandan
En su resolución, Tizón confirmó la calificación jurídica escogida por la fiscalía y consideró que “las evidencias, testimonios y elementos colectados, al ser evaluados conjuntamente en base a la sana crítica racional, señalan un esquema convictivo de peso suficiente sobre la posibilidad de ocurrencia de los hechos y la presunta responsabilidad que le pudo caber al imputado”.
El magistrado también destacó que “no podemos olvidar que estamos en presencia de una relación entre un médico y dos pacientes en donde, como en todas las de este tipo, aparece una relación de confianza y de respeto hacia el profesional. Más aún, como en este caso, en donde nos encontramos con pacientes menores de edad”.
Mayor rigidez
En cuanto a los riesgos procesales, “veo claramente que éstos existen” y apuntó a “la necesidad (que hubo) de efectuar un allanamiento para hacerse de las historias clínicas que constaban en el centro médico donde las menores se atendieron”, lo cual “me hace inferir que aún subsiste la peligrosidad procesal señalada por los dos jueces de primera instancia intervinientes” señala la Justicia en su resolución.
Cuando desde la fiscalía se solicitaron los informes mencionados al CAM de la ciudad de San Jerónimo Norte, les hicieron llegar el archivo incompleto, omitiendo el mes en el que Marchisio atendió a una de las adolescentes.
El juez Tizón también tuvo en cuenta que “nos encontramos ante una imputación penal relacionada con un probable abuso de dos niñas, conductas que el Estado argentino está obligado a perseguir penalmente con mayor rigidez”, conforme surge de los tratados y pactos firmados.
La defensa del médico destacó que “tiene una familia muy bien constituida, de religión católica y profesante”, además del respaldo de los vecinos que marcharon por él a fines de agosto.
Acusación en puerta
A principios de octubre la fiscalía adelantó que se encuentran próximos a presentar la acusación contra el médico, en la que pedirán la inhabilitación de por vida para ejercer su profesión. Imputado como autor de los delitos de “abuso sexual simple” y “abuso sexual gravemente ultrajante”, Miguel Ángel Marchisio se enfrenta a una pena en expectativa que podría llegar hasta los 10 años de prisión que de serlo podría cumplirlo en Esperanza, o las cárceles de Las Flores o Coronda de acuerdo a lo que determine la Justicia entonces.
La investigación se originó en marzo de este año, con la denuncia de familiares de las víctimas. Las agresiones habrían ocurrido mientras el médico atendía a las jóvenes, la noche del 4 de octubre y la madrugada del 28 de diciembre de 2019.
Para la defensa “se lo ha tratado como un vulgar delincuente” mientras que “el pueblo salió a defender su libertad porque conoce la situación del hecho que se está investigando”.
Fuente: El Litoral/ El Colono del Oeste