Nuestra Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de acceder a una vivienda digna y adecuada a todos los habitantes de la Nacion desde su reforma de 1994. Por ello, el Estado argentino (a nivel nacional, provincial y municipal/comunal) está obligado constitucionalmente a facilitar todas las actividades de los participantes en la producción y mejora de viviendas, garantizando su acceso a todos los sectores sociales.
Este derecho es más amplio que el derecho a la propiedad ya que busca asegurar a todos, incluso a los no propietarios, “un lugar seguro para vivir en paz y dignidad”, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas desde 1991.
Sin embargo, a pesar de tantos años transcurridos, aún no está incorporado a nuestra cultura con la misma importancia que el derecho a la salud y el derecho a la educación, confundiéndose erróneamente además con el acceso a la propiedad privada de un inmueble.
Estas dos situaciones, entre otras, resultan en mucho del predominio de la producción de viviendas completas nuevas otorgadas en propiedad en los programas habitacionales estatales (como puede verificarse en nuestra ciudad); dejando de lado: alquileres o alojamientos sociales públicos o privados, préstamos y asistencias para reformas o ampliaciones, acciones que movilicen viviendas vacías, políticas de tierras o de movilización de suelo urbanizado, conjuntos cooperativos, de emergencia, etc. entre otras posibles acciones que es cada vez más urgente comenzar o mejorar.
La discusión actual de la Ley N°27551 de Alquileres , promulgada sólo hace 2 años y después de más de 5 de trabajos previos, nos vuelve a preguntar de qué manera y en qué grado el Estado está garantizando este derecho consitucional. En esta problemática tan compleja, que influye decisivamente en la vida cotidiana de muchos hogares, es crucial que responda con planes y programas más efectivos dirigidos a los hogares de ingresos medios y de menores ingresos, que no alcanzan por sí mismos a acceder a este derecho.
Reconociendo que garantizarlo a todos llevará mucho tiempo de cambios graduales y constantes, queremos mencionar en principio algunas propuestas que estan llevando adelante a nivel provincial diputados del PS :
-Crear una oficina de Atención al Alquiler, que informe acerca de la normativa en vigencia tanto a locadores como a inquilinos; ofreciendo instancias de conciliación voluntaria en casos de conflictos entre las partes o derivando a otros Organismos de ser necesario (Proyecto presentado a nivel provincial por la Dip. Gisel Mahmud, con presupuesto imputado a la Defensoría del Pueblo, y a nivel local por los concejales Ranaletta y Müller a quines apoyamos en su iniciativa);
-Llevar en esa oficina un registro de locadores e inquilinos, que permita por una parte recibir y ofrecer información directa de la oferta y la demanda local y por otra, realizar estadísticas útiles para diseñar nuevas y más adecuadas políticas para el sector en la ciudad;
-Difundir, a través de ella, información pública y gratuita que sirva de referencia para los acuerdos particulares: precios promedio de la oferta, proyección estimativa del porcentaje de aumento anual de los alquileres habitacionales en la ciudad (Proyecto de comunicación presentado a nivel provincial por la Dip. Gisel Mahmud);
-Establecer un tope de honorarios del corretaje inmobiliario en locaciones de vivienda de bajo costo y sólo a la firma de los contratos en la ciudad (Proyecto de Ley presentado a nivel provincial por la Dip. Lionella Cattalini) ;
-Alentar la construcción de viviendas que sean ofrecidas en alquiler (al menos por los primeros 8 años) a través de ciertas exenciones porcentuales en tasas y contribuciones municipales (Proyecto presentado a nivel provincial respecto al Impuesto Inmobiliario por el Bloque de Diputados del PS).
En síntesis, es urgente que los gobiernos locales, los más cercanos a los hogares que no llegan a acceder a una vivienda adecuada, pongan en marcha acciones que garanticen este derecho a través del alquiler. Aún cuando haya necesidad de ajustar la implementación de la Ley nacional en vigencia y falte todavía diversificar y aprobar otras leyes provinciales, las comunas y municipalidades tienen mucho por hacer dentro de sus facultades. Y los hogares inquilinos, agrupados, mucho por proponer.
PARTIDO SOCIALISTA ESPERANZA