Fiscalía y defensa acordaron la libertad para los cinco hombres esperancinos investigados por la posesión y distribución de pornografía infantil, los cuales continuarán ceñidos al proceso bajo una serie de reglas de conducta, entre ellas pagar una fianza. Todos fueron detenidos en el marco de diez allanamientos realizados en Esperanza y San Carlos Centro. Los liberaron porque no pudieron hasta el momento saber la identidad de las víctimas y sus victimarios. Y se recuerda las palabras del Fiscal cuando dijo que en un solo video de 3 minutos había 15 menores víctimas.
El juez penal Leandro Lazzarini dispuso la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva para Julián Alberto M. -cuyos abogados son Carlos Farias y Martín Silvera-, Daniel Oscar G., Marcelo Alejandro O., Jonatan César L. -representados por las defensoras públicas Sonia Bustos y Mónica Echaniz- y Esteban Jesús S. patrocinado por el Dr. Federico Kiener.
Así lo acordaron las defensas técnicas con los fiscales Alejandro Benítez y Marcelo Nessier, quienes manifestaron ante el magistrado que «de acuerdo a la naturaleza del delito investigado (siendo de tintes tecnológicos), el avance de la investigación y la no existencia en principio de víctimas (ya que aún no se ha logrado identificar a los menores que aparecen en las imágenes), entendemos que se puede tutelar el proceso con alternativas».
A los imputados se les impuso la fijación de un domicilio y el aporte de una fianza para acreditar solvencia, y además deberán presentarse cada 30 días en la sede del Ministerio Público de la Acusación de Esperanza para firmar y así acreditar su sujeción al proceso.
La investigación
La detención de los imputados se realizó el lunes, durante una serie de allanamientos realizados en Esperanza y en San Carlos Centro en el marco de una investigación por pornografía infantil. La causa se abrió a raíz de informes remitidos desde el National Center for Missing and Exploited Children de Estados Unidos (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados).
«Los registros dan cuenta de que el accionar delictivo de los siete investigados fue cometido entre julio de 2019 y mayo de este año», manifestaron desde la fiscalía. A partir de los reportes internacionales se comenzaron a realizar tareas para identificar a las personas, como la investigación de líneas telefónicas, IP de computadoras, teléfonos celulares y perfiles de redes sociales.
Se secuestraron tablets, computadoras y teléfonos que serán peritados. Se imputó a siete hombres, a dos de ellos por «tenencia de pornografía infantil» y al resto por el delito de «distribución y/o divulgación de imágenes y videos cuyo contenido son representaciones de menores de edad, desnudos, abusados sexualmente y con representaciones de sus partes íntimas con fines sexuales». Ese contenido fue enviado a través de correos electrónicos y desde la red social Facebook.
Si bien los dos primeros recuperaron su libertad el miércoles por la mañana, a quienes se les atribuyó el delito más grave se los mantuvo tras las rejas hasta este viernes.
Fuente: El Litoral-El Colono del Oeste.