La Fiscalía adelantó que lo hará al presentar la acusación contra el profesional de la salud de San Jerónimo Norte, que se encuentra en prisión preventiva desde julio y actualmente está alojado en la Alcaldía de Esperanza. En cambio la defensa plantea que “Marchisio no hizo más que cumplir con su tarea”. Puede ser susendido de por vida para ejercer la medicina y tener una condena de hasta 10 años de prisión si es encontrado culpable.
La etapa investigativa de la causa contra el médico Miguel Angel Marchisio (52) de la ciudad de San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias, está concluida y los fiscales presentarán pronto la acusación, que contemplará una pena de efectivo cumplimiento y la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión.
Así lo adelantaron en las últimas horas, en una audiencia de ampliación imputativa contra el profesional, que está acusado por el abuso de dos adolescentes, perpetrado mientras las atendía en el Centro de Asistencia Médica de la ciudad departamental de San Jerónimo Norte donde residen unas 8.500 personas.
El fiscal de Esperanza, doctor Alejandro Benítez y la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), María Celeste Minniti, pretenden llevar a juicio a Marchisio, acusado de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple” de dos chicas, de 16 y 15 años de esa ciudad, cuyas familias hicieron las denuncias oportunamente.
Según estas calificaciones, el profesional de la salud se enfrenta a una pena en expectativa que podría llegar hasta los 10 años de prisión.
Hay que recordar que la Justicia determinó que este médico permanezca detenido en la Alcaldía de la ciudad de Esperanza.
Cabe informar asimismo que en el transcurso del mes de julio se realizaron las dos entrevistas en cámara Gesell a las adolescentes, y tras esto se celebró una nueva audiencia imputativa para sumar a la descripción de los hechos la nueva información recopilada.
Las agresiones habrían ocurrido mientras el médico atendía a las jóvenes, la noche del 4 de octubre y la madrugada del 28 de diciembre de 2019.
Cumplir con su tarea
Tras la realización de las entrevistas en cámara Gesell los abogados defensores Sebastián Gervasoni y Raúl Ochoa y Gómez solicitaron la revisión de la prisión preventiva del Dr. Marchisio.
El magistrado interviniente resolvió que la medida continuara vigente y por ello la defensa apeló, estando actualmente en manos del juez de segunda instancia Alejandro Tizón, la decisión de otorgarle al médico la posibilidad de continuar el proceso en libertad, por la cual una importante cantidad de manifestantes hicieron una marcha en la ciudad de San Jerónimo Norte.
“Marchisio no hizo más que cumplir con su tarea” aseguró Gervasoni, “está amparado por el principio de inocencia”.
Les realizó un examen médico a las adolescentes y “no se puede presumir que los tocamientos descriptos hayan sido con una connotación sexual, que es el elemento subjetivo que requiere el tipo penal” argumentó el abogado de la defensa.
El pasado lunes la defensa presentó las declaraciones de sus testigos, entre los que se encuentran las enfermeras que trabajaban con Marchisio y el controvertido párroco de San Jerónimo Norte, Jorge Montini, en un hecho poco usual en la historia penal en la Argentina en defensa de un acusado de abuso sexual de menores.
Este sacerdote durante una misa tuvo explosivas declaraciones contra el Vaticano, el Arzobispado y el intendente de San Jerónimo Norte, quien contestó públicamente las descalificaciones del Párroco.
También, está solicitada la morigeración de la prisión preventiva a domiciliaria del acusado.
“Es un exceso mantenerlo detenido durante el proceso”, ya que “no tiene forma de entorpecer” la investigación, una de las razones por las que está privado de su libertad.
Por lo pronto, “se intentará hacer la reconstrucción de los hechos durante el proceso y al final del juicio se verá si hubo alguna responsabilidad”.
“Es un peligro”
En el mes de marzo familiares de las víctimas radicaron la correspondiente denuncia y comenzó la investigación, que resultó en la detención de Marchisio a finales de junio.
Desde el primero de julio se encuentra privado de su libertad, según lo dispuesto por el juez Leandro Lazzarini.
En aquella oportunidad las madres de las víctimas se presentaron ante el magistrado, demandando “que investiguen más, no quisiera que le pase lo mismo a otra, eso es de lo que más miedo tengo” y asegurando: “No me lo esperaba de este profesional, porque lo conozco, pero me gustaría que quede preso. Pienso que es un peligro para la ciudad”.
A la hora de analizar la aplicación de la cautelar de máxima solicitada por la fiscalía, Lazzarini señaló que las jóvenes presentan un “relato sostenido, espontáneo, veraz” y “no hay circunstancias que permitan ver que quieran perjudicar al médico de alguna manera”, ni ellas ni sus familias, que de hecho fueron “reticentes a la hora de dar intervención a la justicia penal”.