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domingo, septiembre 20, 2020
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El parlamento provincial rechazó la ley de emergencia

Por Mauricio Yennerich.-  En sintonía con el pedido de facultades excepcionales solicitado por el Poder Ejecutivo Nacional a cargo del Dr. Alberto Fernández, el gobernador de Santa Fe de la Vera Cruz, CPN Omar Perotti, envió al parlamento provincial, para su aprobación, un “paquete de medidas” tipificado legalmente como  “ley de emergencia”.

 

El viejo anhelo de gobernar sin mediaciones

En la elaboración de todas estas leyes de emergencia, está implícita la consideración de la situación como excepcional. Lo que habilita llevar al límite el funcionamiento de los mecanismos de contralor y revisión, típicos de una República. En ese sentido, el Diputado Esteban Lenci, sostuvo, en su cuenta de Twitter: “Aprobarla hubiera significado que por primera vez en la historia reciente de Santa Fe, el Ejecutivo se desentienda de hacer licitaciones para comprar o contratar servicios y desconozca el rol de organismos como el Tribunal de Cuentas que existen para preservar la transparencia”. En definitiva, la mayoría parlamentaria ha votado negativamente el proyecto, en una sesión extraordinaria, llevada a cabo el lunes 30.

No obstante lo cual, es preciso indicar que el gobernador ya cuenta con herramientas para recomponer la caja, acelerar la ejecución de políticas y financiarlas, a saber: libre disponibilidad sobre lo que recaude, por encima de un umbral histórico; autorización para endeudarse; y completa libertad para acordar formas y plazos de pago con los proveedores del Estado.

Asimismo, recientemente, el cuerpo legislativo había dado voto favorable a la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo y enviada, con modificaciones, desde el Senado, conocida como Consenso Fiscal 2019. Por el contrario, la ley de emergencia social, sanitaria, alimentaria, económica, financiera y fiscal, fue rechazada por el bloque socialista en pleno y el interbloque del frente progresista, donde entienden que el proyecto contradice el estilo institucional que el gobierno santafesino adquirió en los últimos 12 años de gestión, caracterizado por la transparencia y la puesta en rigor de todos los mecanismos públicos de contralor.

Como sabemos, el pedido de facultades excepcionales, por parte de los Ejecutivos, no es una novedad. Lo han formulado, con notable frecuencia, Carlos Menem y Cristina Fernández. Sobre todo en el caso del primero, los resultados fueron lesivos para la soberanía económica y la administración pública estatal. En efecto, se han constatado, amparado en delegaciones inconstitucionales, hechos que implicaron la licuación de deudas de privados con el Estado, licitaciones exprés y ventas arbitrarias e indiscriminadas, de activos públicos.

Políticamente, otorgar poderes sin discreción a una persona, en este caso, al gobernador Perotti, implica, por un lado, asumir una posición un tanto anti-republicana y por el otro, darle vía libre a cierta tendencia cesarista propia de las sociedades democráticas modernas, siempre amenazadas por la dominación burocrática.

 

El  Fondo Unificado de Cuentas Oficiales y las herramientas financieras

Los voceros oficiales se han expresado sobre la decisión de la mayoría parlamentaria, diciendo que se lo dejó a Perotti “sin una herramienta fundamental para empezar a resolver la herencia” (Página 12, 31/12/2019).

Esta acusación podría resultar irónica, teniendo en cuenta que fue el propio Perotti quien impulsó y coordinó la entrega de la herramienta financiera más efectiva y preciada que una provincia puede tener,  a saber: su propio banco público y que un banco público, bien administrado y con respaldo del Banco Central, tiene capacidad para diseñar políticas efectivas a la hora de enfrentar situaciones críticas, como la que vivimos actualmente.

Más llamativo aún es el cuestionamiento que realizó la bancada peronista, al manejo reciente del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), que podría justificarse, honesta y convincentemente, con los mismos argumentos que ha utilizado esta fracción política, para describir la gestión nacional cambiemita: un ciclo caracterizado por la recesión y el endeudamiento. Y eso sería suficiente pábulo para el ejercicio de la sensatez. No obstante, el pejota santafesino, desde sus bancas en el parlamento, critica el uso —absolutamente legal— que hizo la administración Lifschitz de los fondos del FUCO, luego de haber utilizado el mencionado fondo, cuando era gobierno, a fines de los años 80 y principios de los años 90, para, primeramente, crear cuentas desde las cuales se parasitó la institucionalidad bancaria y, seguidamente, competir con el propio Banco Provincial, ofreciendo tasas diferenciales a la misma clientela de la entidad, que era su agente financiero. Una vez más, con Eclesiastés, hay que decir: “por sus hechos los conoceréis”.