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Quieren que un testigo protegido trabaje en el penal donde murió el condenado

El “caso Baraldo”, que dejó a tres personas condenadas a penas de entre 16 y 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de un niño en Esperanza, sigue generando polémica. Este martes se reveló que el Ministerio de Justicia de la provincia, a través del Programa de Protección de Testigos, dispuso que uno de los testigos protegidos de la causa desempeñe tareas en el penal de Las Flores.

Aire Digital accedió de forma exclusiva al contrato que el Ministerio redactó para el testigo protegido. El documento precisa que es por el plazo de un año de duración, para desempeñar tareas “en la Dirección Provincial de Asuntos Juveniles –en el Pabellón Las Flores y en la Dirección de Asuntos Juveniles”. El 21 de marzo de este año, uno de los condenados en el juicio, Víctor Hugo Baraldo, falleció en su celda en la cárcel de Las Flores, mientras cumplía su sentencia a 18 años de prisión por el abuso sexual de su nieto.

Garantizar el nivel de vida
La ley del Programa de Protección de Testigos establece garantizar a quienes están a su cuidado la posibilidad de mantener la vida que llevaban antes de ingresar al programa. Al momento de radicarse la denuncia contra los Baraldo, el hombre realizaba tareas de seguridad en una empresa de Esperanza -firma en la que se desempeñaba Norma Morandini, una de las condenadas-. Luego fue contratado por la Municipalidad de esa ciudad para realizar tareas de electricista.
Tras el vencimiento de ese contrato, ya relocalizado en otra ciudad por disposición del Programa de Protección de Testigos.
El contrato no fue renovado dado que el Ministerio de Justicia no respondió a numerosos pedidos al gobierno municipal, que por cuestiones legales debía tener esas respuestas, por lo que se vio obligada a terminar con la relación laboral.
Ante esta situación, el testigo protegido requirió el cumplimiento del artículo que compromete a las autoridades a otorgar una tarea con la que pueda mantener la vida que llevaba anteriormente a testificar en la causa.
El testigo, Carlos Gloor se presentó en el Ministerio de Justicia y recibió el contrato por el cual se enteró que su destino laboral iba a ser el mismo penal donde estuvo cumpliendo la condena Víctor Baraldo hasta el día de su fallecimiento.
En las dos páginas y trece cláusulas que lo conforman se determina que desempeñará las tareas de mantenimiento y servicios generales que requiera “la contratante” en el penal de Las Flores y en la DAJ.
Más allá del estupor que le generó al testigo esto, resulta a prima facie contradictorio y cuanto menos llamativo que un testigo protegido sea destinado a prestar servicio en el pabellón de un penal.
Otra de las cláusulas determina que “el contratado” deberá velar por proteger los intereses de quien lo contrata, que lo desvincula de posibles reclamos que terceros puedan realizar por daños ocasionados por sus servicios y que la parte contratante no tiene responsabilidad sobre seguros de vida, enfermedad, accidentes, etc.
El contrato redactado por el Ministerio de Justicia determina que el hombre contratado asume total responsabilidad consecuencias dañosas que podrían surgir en sus tareas de mantenimiento, para terceros o sí mismo. Esto es, si le pasa algo, nadie es responsable, y si le pasa algo a un preso, Carlos Gloor es el responsable, incluso de la muerte de un convicto. Más allá de lo determinado en las trece cláusulas que forman el contrato, el testigo se negó a firmarlo y su situación aún está por definirse con el Programa de Protección y el Ministerio de Justicia.

Otros detalles
El Caso Baraldo es un caso testigo en la historia penal de la provincia de Santa Fe, incluso es materia obligada hoy en los claustros universitarios, por múltiples causas. La matriz del caso está cerrada. Pero hay hechos gravísimos, que la Fiscalía investiga. Por lo menos son 5 las causas diferentes en donde ya han declarado testigos. Profesionales de la medicina, de la abogacía, funcionarios, empresarios, fiscales y jueces, civiles, son parte de estas causas como víctimas, testigos o investigados por posibles conductas delictivas que tienen causas penales y por las que se pueden accionar serios casos de demandas civiles.
Por ejemplo, un médico especialista de reconocimiento nacional e internacional en abusos sexuales, habría declarado este año que, no es suya la firma ni una gran parte de lo dicho en el informe escrito presentado ante la Justicia en el juicio, por parte de los abogados de la defensa de los imputados.
Por esta razón seguramente, el Ministerio de Justicia de la Provincia ha determinado que el matrimonio y, principalmente el niño, tanto como el resto de la familia sigan como testigos protegidos.
El Caso Baraldo, como bien informamos a nuestros lectores durante estos seis años desde que comenzó, es un tema inédito de la Justicia Santafesina y es por ello que ha alcanzado incluso repercusión regional, provincial y nacional. No es un hecho de entrecasa ni de opinión, sino que posee increíbles aristas, en la matriz del hecho, pero también en la multiplicación de gravísimos sucesos institucionales, tanto, que el primer juicio debió ser suspendido y anulado por la misma justicia. Los actores son además de civiles, policiales, profesionales, políticos, judiciales, religiosos y económicos.
Esto genera una trama muy oscura para quien lo mira desde afuera.

Daniel Frank
Fuentes: Aire de Santa

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