Por Mauricio Yennerich
Recientemente el ex concejal demoprogresista, contador Víctor Lang, escribió una columna en este periódico, sobre las consecuencias de las sucesivas equivocaciones producidas en el diseño e implementación de las políticas impositivas y laborales.
Sostiene que: “hace varias décadas que convivimos con impuestos al consumo cada vez más altos. El IVA nació en 1975 con un 13%, hoy es del 21%. Ingresos Brutos, suma otro 11% entre tasas provinciales y municipales. La carga fiscal a los combustibles representa entre un 25% y un 35% del famoso costo de la energía”.
Uno de los equívocos más importantes que el contador hace notar, está representado por los impuestos al consumo, que son los que perjudican, sobre todo, a los sectores de menores ingresos. Asimismo, la carga fiscal apremiante sobre las pymes, las vuelve inviables. En ese contexto “El Estado –escribe Lang– es quien se lleva la parte del león y los más pobres precisan cada vez más subsidios”.
Estamos de acuerdo en que la estructura tributaria nacional acumula distorsiones que incentivan la evasión –actividad ilícita, recurrente y sistemática– que no sólo es un delito, también una gran injusticia, porque hace que el peso de la recaudación caiga sobre los cumplidores. En ese sentido, el contador Santiago Sáenz Valiente –La Nación, domingo 7 de julio de 2019–, expresa: “es indispensable educar en cultura tributaria en las etapas escolares primarias, mostrar una transparencia absoluta del destino de los fondos, reducir sensiblemente los gastos públicos y encarar una reforma laboral que impulse el crecimiento de la actividad económica”. Estaríamos de acuerdo en que el problema fiscal se resuelve con progresividad. Pero la “falla de origen”, por usar una metáfora mecánica, no es fiscal, es económica. Es decir, no es un problema, como piensa Lang, de comprensión, aunque, sí podríamos conceder razón a la idea de Sáenz Valiente, de una educación tributaria, que necesariamente requiere convocar una educación financiera, geográfica, política y económica.
La discrepancia, entonces, es en torno a la inobservancia de la cuestión “estructural”. La visión ortodoxa, parte de la idea, según la cual, “el único ingreso genuino del Estado son los impuestos. Las alternativas, como tomar prestado con emisión de bonos o emitir moneda, generan más inflación”.
Randall Wray, desde la perspectiva de una Teoría Monetaria Moderna, viene trabajando estas simplificaciones con perspectiva crítica. Uno de sus postulados centrales afirma que los países monetariamente soberanos nunca son insolventes.
Explícitamente –y en el idioma natal de Wray– “sovereign government neither has nor does have money”, es decir, ningún gobierno soberano no tiene o tiene dinero, porque dispone de un Tesoro Nacional, de reservas y de un Banco Central como instituciones encargadas de resguardar y regular la emisión y la circulación de la moneda. Por lo tanto, sin dudas que la política fiscal es fundamental, sobre todo para regular los niveles de poder adquisitivo, por ejemplo. Desde esta perspectiva, todo problema inflacionario es un problema real, no un problema monetario, por lo tanto es un problema político y económico, tiene que ver con la capacidad del gobierno de hacerse acreedor de la confianza de la ciudadanía y de la sociedad que administra de crear empresas capaces de robustecer el sector privado.
El otro punto crucial es el estructural. En Argentina, sabemos que la Dictadura del ´76 se propuso el objetivo de disciplinar a la sociedad, aunque esto implicara desindustrializar. Con lo cual, políticas recesivas, monetariamente ortodoxas, tributariamente regresivas, atravesadas por el proceso de valorización financiera global, vienen agravando todos los problemas, entre los cuales se destaca la gravitación desproporcionada del sector primario exportador, cuyos representantes han luchado sistemáticamente por eliminar retenciones y aranceles.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea para liberalizar el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques, recientemente celebrado por el presidente Macri, pone a disposición del parlamento nacional, del europeo y del electorado que, tal como indica nuestra constitución, “no gobierna sino a través de sus representantes”, la decisión de un rumbo que, probablemente, sea irreversible para el sector industrial pyme.
Tal como publicó El Colono del Oeste el 3 de julio, en un documento denominado “Consideraciones preliminares ante el Acuerdo UE-Mercosur”, la Federación Industrial Santa Fe (FISFE), señaló que “como industriales sabemos lo valioso que es para un país que crezcan las exportaciones, lo que mejora la cantidad y la calidad del empleo. Entendemos que todo acuerdo comercial entre países o bloques de países es importante, siempre que favorezca por igual a las partes que lo firman. En este sentido, no podemos desconocer que la Unión Europea es un mercado potencial de 500 millones de consumidores, pero al mismo tiempo su PBI quintuplica al Mercosur y registra diez veces más patentes al año que nuestros países, así como es sede de empresas multinacionales con enormes proporciones comparadas con las que tenemos aquí”.