Fue el 17 de junio del 2017, cuando una nota anónima llegó a la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. “Una mujer prostituye a su hija por plata”, indicó ese llamativo escrito que acompañaba el nombre de la denunciada y la dirección de donde se cometían los hechos.
Al lado de la nota, estaba un teléfono celular cuyo contenido fue la llave que permitió destapar un aberrante caso de trata de personas que involucró a dos padres y que tuvo cómo víctima a su hija, una niña que en su momento tenía 9 años.
A dos años de esa nota, el caso llegó a juicio y ayer jueves, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzaron a ventilarse los luctuosos hechos ocurridos en una vivienda de la localidad de Pilar, en el departamento Las Colonias, que tiene como cabecera a la ciudad de Esperanzza y a unosochenta kilómetros de la capital provincial.
Por el aberrante delito, que estremeció a la socviedad pilarense, comenzó a ser juzgado un matrimonio conformado por Gisela S. y Claudio R., ambos acusados de haber de haber abusado sexualmente y en forma reiterada de su hija y haber difundido dichos abusos mediante videos pornográficos que eran registrados por la madre de la víctima y que los enviaba al “cliente”.
El debate comenzó ante un tribunal conformado por los jueces camaristas, José María Escobar Cello (presidente), Luciano Lauría y María Ivón Vella, quienes escucharon los cargos que llevará adelante la fiscal auxiliar ante el tribunal, Jimena Caula, quien acusa a la madre de la niña,asistida por el defensor oficial, Julio Agnoli, de una serie de delitos contemplados en la figura de trata de personas: “abuso sexual de un menor de trece años gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente y aprovechando la situación de convivencia preexistente”; “producción y distribución de material audiovisual pornográfico de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explicitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”; y “corrupción de menores” y “trata de personas bajo la modalidad de ofrecimiento con fines de explotación sexual”.
En tanto, el otro imputado, que es defendido por el defensor público Fernando Sánchez, se encuentra acusado de haber cometido el abuso sexual “en carácter de participe necesario en comisión por omisión” y además de haber también “distribuido el material pornográfico”.
Una madre, un teléfono y “Julián”
Los hechos que comenzaron a ser materia de debate en el estrado federal se habrían llevado a cabo al menos desde el 2 de agosto del 2016 y hasta el 30 de mayo del 2017 en una vivienda de la localidad de Pilar, según la investigación que llevó adelante el personal del “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas”.
Dos días después de aquella nota anónima, los investigadores constataron quiénes vivían en ese domicilio denunciado. Se trataba de los que en la jornada de hoy comenzaron a ser juzgados en la Justicia federal de Santa Fe.
En aquel celular que fue aportado en la denuncia anónima, se encontraban conversaciones que fueron mantenidas entre la madre de la niña con un hombre identificado como “Julian”. En esos diálogos, se permitió establecer cómo la mujer ofrecía a su hija para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
Con la investigación avanzada, el 17 de julio del 2017, agentes del programa Rescate y efectivos de la Policía Federal irrumpieron en la vivienda donde residía el matrimonio junto con la víctima y el resto de los hijos. En ese procedimiento, fueron detenidos Gisela S. y Claudio R. y puestos a disposición del juez federal de Rafaela, Miguel Abasolo, el marco de la causa que instruyó además el fiscal subrogante de esa ciudad, Federico Grimm.
Tras ese operativo, los investigadores del programa Rescate elaboraron un informe que fue preciso al momento de describir sobre la situación en que se encontraba la menor víctima. “Fue muy difícil darse cuenta que estaban ante la presencia de la vulneración de sus derechos”, precisó.
Sumado a ello, el testimonio de la víctima en la Cámara Gesell permitió ratificar lo que la denuncia anónima y los chats encontrados en los teléfonos secuestrados en el allanamiento evidenciaron de los aberrantes episodios que habrían ocurrido los martes, jueves y domingos, justamente cuando el padre de la niña trabajaba en horas de la noche.
En este sentido, la pesquisa develó que la madre habría obligado a su hija a ser filmada para luego abusarla y que dicha situación era un “secreto” que tenían ambas.
Ella lo desvinculó
El caso tiene la particularidad de que la imputada desvinculó a su marido de los hechos. De hecho, en una indagatoria que tuvo ante el magistrado federal de Rafaela, la mujer expresó “mi marido nunca supo nada de todo lo que estaba pasando. Lo que se encontró en el teléfono de él era de una memoria que yo utilizaba anteriormente. En el momento en que compramos el teléfono de él, le incorporé esa memoria que tenía más capacidad para que él pueda utilizarlo. Como él no tenía conocimiento del manejo del teléfono, yo me pasé la información de la tarjeta de memoria a mi celular”, dijo la madre de la niña.
Sin embargo, el juez rafaelino consideró procesar tanto a la mujer como a su marido tras sostener que este último no cumplió con su deber de cuidar a su hija, teniendo en cuenta que tenía la patria potestad de la misma.
Quizás por esa razón, ambos acusados son representados en el juicio oral que tuvo su inicio este jueves por dos abogados distintos. Agnoli para la mujer y Sánchez -que se desempeña en la etapa de instrucción- por el hombre.
El juicio contará con el paso de 20 testigos que prestarán su declaración ante el tribunal de jueces y así permitirán establecer que sucedió en la vivienda de la localidad de Pilar.
Diario Uno de Santa Fe /El Colono del Oeste