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miércoles, diciembre 7, 2022
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Veto del Gobierno Municipal

El poder Ejecutivo municipal, a través del Decreto N° 16.953, vetó totalmente la Ordenanza Nº 4182/22 sancionada por el Concejo Municipal el 11-08-2022, por resultar inconveniente al interés público, dejándose sin efecto jurídico ni administrativo en su totalidad.

 

En sus considerandos, el Decreto establece que el espíritu de la Ordenanza en cuestión carece de la motivación suficiente para ser sostenible jurídicamente. Es decir, no acredita de manera indubitable la existencia del interés general que justificaría su dictado.
Es evidente, establece el Decreto, que el Concejo Municipal no ha cumplido con esa exigencia esencial para la sustentabilidad jurídica de la Ordenanza que pretende establecer la creación de un consejo de seguridad.
Ha dictado una Ordenanza sin fundamentación, que no cuenta con una idónea exposición de motivos que acompañen la parte resolutiva del texto de la misma. Tampoco incorpora documentación al expediente de elaboración que sustente la necesidad y oportunidad de dictar la misma, o las actas que reflejen las discusiones que se llevaron adelante en la Comisión pertinente o en el recinto. La Ordenanza N° 4182 que dictó el HCD carece de fundamentaciones que pongan de manifiesto su razón de ser y contengan una causa, motivo y fin legítimo que permitan conocer los hechos y razones jurídicas que la impulsaron.
Por otro lado, el texto del veto destaca que la seguridad es una problemática de exclusiva competencia provincial. Afirma que los municipios no tienen competencia para legislar en materia de Seguridad Interior, ya que la misma está a cargo de la autoridad provincial y esta no la ha delegado, por lo, tanto todo lo referido a este tema jamás podría ser legislado por el H.C.M.
Da un ejemplo de avasallamiento de competencias que se evidencia en la Ordenanza dictada por el HCM y es lo establecido en su Art. 5° cuando trata acerca de la integración del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y determina que estará integrado por funcionarios de la Administración, del Poder Judicial y de la Legislatura Provincial, imponiendo a los mismos una obligación para la cual no tiene atribución legal.
Por último y quizás el argumento más contundente del veto, es el que declara que no tiene sentido la creación de una Comisión de Seguridad cuando ya existe en el Municipio y está integrada por distintos actores de la comunidad y que se constituyó con la participación de los integrantes del Cabildo Abierto, (institución creada por Decreto N° 9.910/09 y modificado por el Decreto N° 12.372/15) y que es un órgano consultivo y de asesoramiento permanente del Municipio de Esperanza en materia de formulación de políticas públicas de importancia para el interés general de la comunidad, y en el cual participan los representantes de los partidos políticos con y sin representación en el Concejo Municipal, las organizaciones gremiales empresarias y de trabajadores con ámbito de actuación en la ciudad de Esperanza, las asociaciones vecinales de primer y segundo grado, las instituciones que se dediquen a actividades culturales, artísticas, deportivas, educativas, de promoción social y de la salud, de ayuda mutua y de caridad pública, como también las organizaciones no gubernamentales que persigan fines de utilidad comunitaria tales como entidades constituidas para contribuir la preservación del medio ambiente, la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores y afines. De esta manera, el Ejecutivo Municipal deja bien en claro que ya cuenta con una institución que representa los intereses de todo el arco político, económico, cultural y religioso cuyas competencias se superpondrían con las del pretendido Consejo de Seguridad y Prevención del delito creado por la Ordenanza N° 4182, y que de las constancias agregadas (Acta N° 119/2019), el Cabildo Abierto ya se habría ocupado del tema, creando una Comisión de Seguridad conformada por representantes de los partidos políticos con representación en el H.C.M., las vecinales, el Departamento Ejecutivo, el CICAE, la Sociedad Rural, la Policía provincial, la Fiscalía y representantes del ITEC y la Universidad Siglo XXI, instituciones con las que ya se habría consensuado su participación.