En la reciente apertura mensual de los Buzones de Vida, se recolectaron siete denuncias anónimas relacionadas con la venta de estupefacientes en la ciudad. La actividad fue llevada a cabo por los concejales Guillermo Bonvin y Mariano Puig (PRO), en conjunto con personal de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.
Estos buzones son un pilar fundamental de una iniciativa que busca facilitar a los ciudadanos la denuncia confidencial de actividades ilícitas. Para ello, se recuerdan los puntos fijos para realizar estas presentaciones:
Municipalidad: Ubicado en la parte posterior del edificio, en la salida hacia el estacionamiento, frente a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
SAMCo: Se encuentra en el pasillo del Vacunatorio, frente a la farmacia.
Además de estos puntos permanentes, se destaca la presencia del Buzón Itinerante, que por un tiempo estará en el NIDO del barrio La Orilla, en la intersección de Simón de Iriondo y Ercovis, buscando acercar la herramienta a los vecinos de esa zona. Las autoridades locales reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el narcotráfico y agradecieron la confianza depositada en este sistema.
Una década de éxito y adaptación
El proyecto “Buzones de Vida”, impulsado por el bloque de concejales del PRO, fue establecido por la Ordenanza Nº 3714/2012 hace más de diez años. Su evolución ha sido constante, con modificaciones incorporadas a través de la Ordenanza Nº 4040/2019 que estableció como buzones permanentes en el SAMCo y la Municipalidad y, más recientemente, la Ordenanza Nº 4219/2023. Esta última instituye la colocación de un buzón permanente en el NIDO La Orilla, este último próximo a implementarse. Además, se analiza la posibilidad de instalar un buzón fijo en otro punto estratégico de la ciudad.
El éxito de la iniciativa radica en la confidencialidad que ofrece a los denunciantes. En un tema tan sensible como el narcotráfico, el anonimato es crucial para fomentar la participación ciudadana y proteger a quienes deciden alzar la voz. Esta característica no solo resguarda al denunciante, sino que también construye un vínculo de confianza mutua: la comunidad confía en la discreción de las autoridades, y estas confían en la vitalidad de la información recibida para sus investigaciones.
El crecimiento sostenido en el número de denuncias a lo largo de esta década es una clara prueba de la eficacia y la creciente implicación de la comunidad. La capacidad de adaptación del proyecto, como la incorporación del buzón itinerante, demuestra una visión proactiva para facilitar la participación y eliminar barreras geográficas, lo que se traduce directamente en un aumento de las denuncias y, por ende, en un panorama más completo para las fuerzas de seguridad.
Cada denuncia es un acto de compromiso cívico que contribuye a una comunidad más segura y libre de la influencia del narcotráfico. El constante incremento en las presentaciones no solo indica la persistencia del problema, sino, y quizás más importante, la creciente determinación de la comunidad de Esperanza para enfrentarlo. Los Buzones de Vida son un símbolo de resiliencia comunitaria y un modelo de cómo las herramientas bien implementadas y el compromiso sostenido pueden fortalecer la confianza entre ciudadanos e instituciones para abordar problemáticas complejas.
Participación de la Fiscalía: un paso clave
Con la aprobación de la Ordenanza Nº 4276, se introdujeron modificaciones clave a la normativa original de los Buzones de Vida (Ordenanza Nº 3714/12), entre las que se destaca el rol fundamental de la Unidad Fiscal de Esperanza.
De acuerdo al nuevo texto, cada primer miércoles de mes a las 9 horas, se procede a la apertura de los buzones en presencia de representantes del Concejo Municipal, del Ejecutivo, de la entidad donde se ubica el buzón, y de cualquier ciudadano que desee asistir. Se labra un acta detallada y las denuncias son colocadas en sobres cerrados que deben ser entregados directamente a la Unidad Fiscal Esperanza para su seguimiento e investigación.
Este procedimiento fortalece la transparencia del sistema y garantiza que las denuncias lleguen a manos de los fiscales, quienes tienen las herramientas y facultades necesarias para investigar los casos. La incorporación directa del Ministerio Público Fiscal marca un avance institucional en el tratamiento de estas denuncias anónimas, transformando los aportes ciudadanos en posibles acciones judiciales concretas.