Reactivación. Con la experiencia exitosa de la empresa Trenes Argentinos Cargas (TAC), el Estado recupera protagonismo en el sector.
El Plan de Modernización del Transporte de Argentina del Gobierno, reinaguró los talleres de reparación de vagones en San Cristóbal. La inversión fue de US$2.445.000, mediante Trenes Argentinos Cargas.
Mientras,Circunvalar Santa Fe es otra obra clave para agilizar la circulación de los trenes del Belgrano Cargas.El proyecto contempla la renovación de 44 kilómetros de vías desde Laguna Paiva a Gobernador Candioti y de Empalme San Carlos a Santo Tomé .
A eso se suman un nuevo enlace de 20 kilómetros entre Gobernador Candioti y Empalme San Carlos, la construcción de un nuevo puente ferroviario sobre el río Salado de 600 metros de longitud y otros tres puentes vehiculares para cruces a distinto nivel.
El Estado Nacional, junto con las provincias ha decidido nacionalizar los trenes, de cargas y transporte público.
Santa Fe es uno de los grandes beneficiados.
Un tren de pasajeros pronto unirá Santa Fe con Laguna Paiva, por 38 kilómetros con tres vagones para transportar hasta 200 personas sentadas.
El Ministerio de Transporte de la Nación aceleró el proceso de transformación integral del sistema ferroviario de cargas para pasar del esquema de concesiones integrales que regía desde las privatizaciones de los años 90, a otro de acceso abierto.
Mediante la resolución 211, rubricada por el ministro Alexis Guerrera, la cartera de Transporte rechazó el pedido de prórroga contractual efectuado por las empresas Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca, que operan las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín y Roca. Le asignó la toma de servicio a Trenes Argentinos Cargas (TAC) en la etapa inicial de transición, para avanzar hacia un modelo de “uso abierto con participación público- privada”, detallaron desde esa dependencia.
“Se tomó esta decisión de no prorrogar las concesiones que vienen desde hace 30 años y corresponden a un sistema distinto al que hoy está proyectado”, aclaró el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.
El funcionario recordó que la ley 27.132, promulgada en mayo de 2015 estableció nuevos lineamientos en la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas.
Esta resolución da cumplimento a esa ley.
Esta iniciativa del gobierno buscaba revertir el sistema de concesiones integrales nacidos a la luz de las privatizaciones del menemismo, que le otorgaban al concesionario privado la exclusividad de uso de la vía férrea. A cambio, éste debía hacerse responsable de la infraestructura. Los resultados fueron desastrosos.
“Estamos cumpliendo como Estado una ley nacional que adoptó una política ferroviaria distinta y además luego de constatar situaciones de escasa inversión en infraestructura por parte de los concesionarios”, dijo Giuliano, quien precisó que informes de la CNRT y de la Comisión Especial de Renegociación de Contratos, dieron cuenta de esto.
“En todos estos años, por distintas razones, tanto económicas como operativas, no se pudieron concretar las inversiones ni el mejoramiento del sistema y eso generó que el ferrocarril sólo represente el 5% del total de las cargas en el país”, agregó el funcionario.
Con esta decisión, el Estado “reasume la ejecución de la infraestructura ferroviaria y el control de la misma”, dijo Giuliano y se va hacia un sistema de participación “público privada, o mixta”, dijo a La Capital de Rosario
Vías abiertas
De esta manera, se pasa a un esquema de vías abiertas técnicamente denominado sistema separación vertical en el cual el Estado es el propietario de la infraestructura y las empresas privadas que estén inscriptas en el registro de operadores ferroviarios podrán utilizar la traza, y operar pagando un canon o peaje por el uso.
“El sistema se estaba comiendo las vías”, graficó Giuliano. Con esta decisión el gobierno se traza un objetivo claro: “Que el Estado concrete las inversiones con fondos propios o financiamiento internacional, se optimice el sistema de cargas por ferrocarril, que baje los costos de flete, y mejore la situación de las producciones alejadas de los puertos”, indicó.
Este proceso tendrá un período de transición hasta que venzan la totalidad de las concesiones actuales: el 31 de octubre 2021 para Ferroexpreso Pampeano; el 21 de diciembre 2022 la de Nuevo Central Argentino y el 10 de marzo 2023 para Ferrosur Roca. A medida que vayan caducando, la operatoria estará a cargo de la empresa pública TAC.
Sobre el financiamiento, Giuliano señaló que se encuadra dentro del esquema que tiene el gobierno para readecuar el sistema ferroviario.
Recordó que siguen avanzando con las agendas IV y V del acuerdo con China, en el marco de un plan de inversión para obras ferroviarias para trenes de carga por u$s 4.204 millones. Además, dijo que el Estado continúa con las inversiones propias en el marco del el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, a las que podrían sumarse otras fuentes de financiamiento.
La optimización del sistema ferroviario dentro del transporte de cargas es una vieja demanda de las entidades que insisten en la necesidad de reducir los costos de flete de la mercadería que llega de zonas alejadas de las terminales portuarias.
Al respecto Giuliano señaló que están “en diálogo permanente” con esas instituciones, pero que el objetivo de esta resolución “es dar cumplimiento a los lineamientos de la nueva ley ferroviaria”.
El ferrocarril transportó en 2020 algo más de 20 millones de toneladas de carga. Mientras el sistema se amesetó en los últimos años, ganaron participación las líneas que opera el Estado a través de la empresa Trenes Argentinos de Carga. Su participación pasó del 25% al 30% el año pasado, mientras que las empresas concesionadas (Fepsa, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca) bajaron del 75% al 70%. La agroindustria representó el 71% de las cargas. Ante el inminente fin de las concesiones, la Bolsa de Comercio de Rosario se manifestó en reiteradas ocasiones a favor de “un cambio de raíz en el sistema”, habilitando “un ámbito de discusión y análisis del futuro del sistema, con la participación de todos los actores involucrados en esta materia”. La entidad apoyó la transformación hacia un sistema abierto, con un nivel de competencia entre los operadores.