Por Mauricio Yennerich.- Recientemente se ha levantado una ola de reclamos vinculados al recorte de salarios de las personas que ocupan cargos electivos en la administración pública y de los gastos en la gestión de la misma. No faltaron quienes propusieron concejalías ad honorem. Parte del periodismo se ha sumado a esta ola y le reclama a la clase dirigente “gestos” de austeridad. Sin dudas que practicar la austeridad resulta muy razonable, no obstante el trasfondo de la cuestión es delicado.
Para comprenderlo, podríamos formular una pregunta: siendo la política, la gestión pública, una actividad no remunerada ¿quiénes estarían en condiciones de realizarla?
Asimismo, lo que plantea este reclamo ¿es austeridad o transparencia en los gastos?
Tomemos por caso la política social. Personalmente creo que debe estar coordinada y supervisada por el Estado, pero ejecutada por la Iglesia, procurando evitar manejos proselitistas, partidarios, pues entiendo que, dar sustento a una persona, sin compensación, es caridad y la Iglesia Católica ha hecho de la caridad, su razón de ser, ¿se trata de una institución cuyas arcas están vacías y cuyos cuadros padecen miseria o, por el contrario, cuentan con vigoroso financiamiento? El lector sabe que las donaciones y la buena administración, han hecho de la Iglesia una institución solvente. Esto más allá de las maquinaciones de un poder en las sombras o del súper poder de los banqueros vaticanos. Las reflexiones políticas centradas en la historia clerical, suelen dar buenos datos sobre el surgimiento de cuestiones que parecen toda una novedad. En efecto, fue seno de la Iglesia Católica donde surgió, por primera vez, esta cuestión: el ejercicio de la caridad y fraternidad ministerial ¿requiere un voto de pobreza? Y todo el debate actual tiene un aire de familia con el que se dio en la época medieval sobre la pobreza de Cristo como ideal de vida.
Burocracia estatal y caridad pastoral: racionalidades extremas
Sin embargo, el Estado es una institución laica y las burocracias de los estados capitalistas modernos, tienen una racionalidad completamente diferente. Desde este punto de vista, se observan dos racionalidades prácticamente irreconciliables y la discusión de bajar los sueldos del funcionariado, no parece más que demagogia.
Ocuparse de producir insumos conceptuales y condiciones institucionales favorables al impulso del desarrollo económico, resulta mucho más necesario que dar “gestos”, pues el desarrollo económico a través de la Industria, no sólo está en la base de la solución de la mayoría los problemas sociales graves y por lo tanto, no parece que deba postergarse.
Ahora bien, volviendo a la cuestión puntual de los reclamos generalizados en la opinión pública, referidos a un ajuste de los gastos de la política, si prestamos atención a la situación patrimonial de las figuras públicas que lo han hecho propio, a saber: la jefa de la administración municipal, Ana María Meiners, cuya posición económica le permite donar sus ingresos, por un lado y la concejal Andrea Martínez, por el otro, comprobaremos la hipótesis según la cual insistir en transformar la política en una actividad cuya remuneración no es importante, conduce a una situación económicamente no-democrática, en la cual, quienes están en condiciones de ejercer cargos tienen sus ingresos asegurados por diferentes vías: herencia, rentas, matrimonio o el padrinazgo. Este es el trasfondo delicado al que referimos arriba de la nota. Si la burocracia no está bien remunerada, el problema se agrava. Las personas con mayor calificación se van al sector privado y quedan aquellas que se conforman con poco, las que obtienen ventajas de posición, por influencia, oportunidad o posesión de información y las que no necesitan de esos ingresos para vivir. Esto no quiere decir que donar el sueldo o reclamar austeridad sean conductas reprobables, simplemente, por vocación, lo que se propone, es un análisis de la situación social y política, antes que un cuestionamiento o reprobación de las preferencias individuales de dirigentes particulares.