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Amenazas de bomba a colegios: un alumno acordó hacer un curso para reparar el daño

Un alumno de un colegio del barrio porteño de Flores finalizó una causa penal por haber realizado una amenaza de bomba a su escuela. Para reparar el daño -que obligó a la evacuación de 560 personas para constatar que no había ningún explosivo- realizará tareas comunitarias en una iglesia y un curso de concientización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la gravedad de lo que hizo y la consecuencias que tiene.

Así lo determinó la justicia que le concedió al acusado la suspensión del juicio oral y su reemplazo por las tareas comunitarias y el curso que se le impuso por la “gravedad que revisten los hechos”.

La amenaza de bomba se realizó en julio del 2015 pero el hecho toma relevancia porque esas intimidaciones tomaron trascendencia por la cantidad que se recibieron en los últimos meses. En septiembre se registraron 995 intimidaciones a colegios de la provincia de Buenos Aires, según información del Ministerio de Seguridad provincial. Todas fueron falsas, excepto una en la que se halló una granada en un colegio de Adrogué. Las amenazas se transformaron en causas judiciales.

El hecho que ahora se condenó ocurrió el 17 de julio de 2015 en el colegio “Nuestra Señora del Milagro”, del barrio de Flores. Dos alumnos que estaban en el colegio hicieron desde un celular dos llamadas. Una, a las 10:25, al 911 de la Policía Federal en la que alertaron que había una bomba en la escuela. Y la segunda, 11 minutos después, a la misma institución.

Por la amenaza fueron evacuadas las 560 personas que estaban en el colegio, tanto alumnos de los tres niveles educativos como personal de la institución. La Brigada de Explosivos de la Policía Federal revisó el colegio y descartó la presencia de una bomba.

Según consta en la causa judicial a la que accedió Infobae, después de la amenaza los dos alumnos reconocieron que habían sido ellos quienes hicieron los llamados. Uno, de 17 años, fue quien llamó y el otro, de 18, quien incentivó a su compañero a hacerlo.

La investigación judicial  determinó que los llamados se realizaron desde un celular que estaba a nombre de la hermana de uno de los estudiantes.

La causa se investigó como intimidación pública y para el alumno de 17 años fue cerrada porque por ser menor de edad se le impuso un tratamiento tutelar que después de un año cumplió.

Pero para el mayor de edad el expediente continuó. Fue procesado y enviado a juicio oral. En esa instancia su defensa pidió una suspensión del juicio a prueba. Propuso evitar el juicio y a cambio hacer tareas comunitarias por un año a razón de seis horas mensuales en el comedor comunitario de la Basílica de San José de Flores.

El fiscal Diego Velasco aceptó el planteo pero pidió que junto con las tareas comunitarias el acusado -hoy de 20 años y que está estudiando en otro colegio- también haga un curso en la Secretaría de Seguridad de la ciudad para concientizarlo sobre la gravedad de las amenazas de bomba a los colegios y las consecuencias que tiene.

El juez del Tribunal Oral Federal 4 Pablo Bertuzzi avaló el acuerdo entre las partes. El magistrado ordenó que el alumno fije domicilio, se someta al control del Patronato de Liberados y realice las tareas comunitarias y “el curso que dictará la secretaría de Seguridad de esta ciudad en forma conjunta con el departamento de Bomberos de la Policía Federal, tendiente a concientizar acerca de las consecuencias provocadas”.

Sobre el curso, el juez lo ordenó por la “gravedad que revisten los hechos aquí investigados, a modo de reparación a favor del Estado con motivos de los sucesos acaecidos”.

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