Si bien el magistrado aún debe emitir sentencia, el acuerdo estableció que Bordiga sea condenado por “asociación ilícita y extorsión en grado de tentativa”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado”.

Los cargos fueron endilgados en una investigación que surgió en diciembre del 2016 en nuestra ciudad, en un hecho que marcó un verdadero escándali, que salió a luz ante la opinión pública unos meses después, en febrero del 2017, cuando agentes de Asuntos Internos, por orden de la fiscal Laura Urquiza, allanaron la Comisaría 1° de la Unidad Regional XI de Las Colonias y detuvieron a 12 policías que prestaban servicios en la dependencia. Entre ellos Bordiga, que se desempeñaba como jefe de la Primera Zona de Inspección.
El caso surgió a partir de una serie de robos callejeros ocurridos en la zona del parque de la Agricultura de Esperanza entre la noche del 28 y madrugada del 29 de diciembre del 2016 y que fueron protagonizados por dos motochorros que asaltaron transeúntes que caminaban por la calle.

Por esos robos solo uno de los asaltantes fue detenido en ese entonces, mientras que el otro, identificado como Brian F., logró escapar. Sin embargo, su teléfono fue interceptado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) por lo que mediante escuchas detectaron que en una conversación había llamado a un preso alojado en la cárcel de Coronda en donde le comentó que había cometido “cinco calificados” y que los de “investigaciones” le pedían 40 mil pesos para no ligarlo a la causa.

Con el correr de los meses, Brian F. fue detenido en San Justo y posteriormente trasladado a tribunales para ser imputado en tribunales. En medio de ese trámite administrativo, el padre del joven ladrón le reveló a los investigadores de la PDI que había sido visitado por agentes policiales de la Unidad Regional XI, del área de “investigaciones”, los cuales le pedían dinero a cambio de no investigar a su hijo. Como prueba de ello, aportó una serie de mensajes recibidos por Whatsapp de parte de un policía. Ese número fue peritado por los agentes de la PDI, que tras una serie de consultas establecieron que era el propio Bordiga quien estaba del otro lado de la línea.
El dato fue aportado a los pesquisas de Asuntos Internos que por medio de escuchas telefónicas, interceptadas durante semanas, determinaron que el entonces jefe policial (junto con el policía Gerardo Sánchez, que era jefe de Sumario de la Comisaría 1ª) encubría a jóvenes ladrones de Esperanza y que a cambio de no investigarlos les pedía coimas.

Por el caso, los investigadores de Asuntos Internos allanaron el 24 febrero del 2017 la dependencia policial de donde secuestraron datos vinculados a la causa y una distintos documentos y denuncias que en vez de haber sido elevadas a la Fiscalías fueron cajoneadas en la Comisaría. Además, hallaron elementos que fueron robados y luego recuperados, pero nunca puestos a disposición de la Justicia y mucho menos de las víctimas de los hechos ilícitos.

Producto de esos allanamientos Bordiga fue detenido e imputado y con posterioridad quedó preso de manera preventiva. Un año después, el 28 de octubre del 2018, salió en libertad y transitó el resto de la causa excarcelado. Finalmente, este lunes acordó la condena de tres años de prisión condicional.

Con Bordiga se cierra el círculo de detenidos, procesados y condenados en ese escandaloso hecho de corrupción policial.

 

Memoria

Hay que recordar que fueron detenidos por entonces el subcomisario MAM (jefe de la Comisaría Primera de Esperanza) fue imputado por los delitos falsificación de documento público; peculado de servicios públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También fue imputada la comisario MCM (subjefa de la Comisaría Primera de Esperanza) por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; ocultamiento de medios destinados a servir de prueba ante la autoridad y resistencia a la autoridad.

Al oficial GS (jefe de Sumarios de la Comisaría Primera de Esperanza) se le atribuyeron los delitos de peculado y violación de pruebas y documentos.

Por último, el sargento JPP (con pase a disponibilidad) fue imputado por el delito de resistencia a la autoridad.

Además de los 10 policías detenidos, en la redada se sumaron dos civiles, uno imputado por el delito de robos reiterados y otro por delitos varios.

Fuente: Aire de Santa Fe y El Colono del Oeste