Prevenir la violencia de género con armas de fuego es un problema que debe ocuparnos para avanzar firmemente en políticas de protección social.
Por Ana Copes*
La pandemia relegó la visibilidad de las violencias basadas en género que afectan diariamente a la sociedad. Este problema se vio incrementado con las medidas que fueron dictadas en muchos países, entre otros, en Argentina.
La circulación de las armas de fuego y las manifestaciones de violencias de género no han sido suficientemente consideradas en la agenda pública hasta hace muy pocos años.
Celebramos que en la provincia de Santa Fe se haya impulsado el programa de entrega voluntaria de armas de fuego. Defendimos siempre la importancia del Plan en todos los espacios que pudimos. Es una política neurálgica para la prevención de las violencias que, equivocadamente, quedó suspendida durante todo el año 2020 a raíz de las medidas tomadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.
¿Qué pasó en la pandemia?
La pandemia impuso la suspensión de muchas políticas en distintos niveles estatales. En Argentina no se tramitó la renovación de las licencias para el acceso a las armas de fuego. Al contrario, se prorrogaron de manera automática, sin verificar que los usuarios no hubieran recibido alguna denuncia por violencia de género, por ejemplo. Esta situación difícilmente sea exclusiva de nuestro país, pero hay aquí sin dudas un gran problema: según se desprende de los últimos datos oficiales, más del 70% de los usuarios de armas de fuego tienen sus licencias vencidas.
El problema de la circulación de las armas de fuego impacta profundamente en las manifestaciones de las violencias de género, y allí todavía resta mucho trabajo por hacer. Sabemos que en el mundo, según los últimos informes de organizaciones internacionales dedicadas al control de armas y desarme (IANSA), las mujeres no son las usuarias de las armas de fuego, no las fabrican, no las comercializan, no las transportan y prácticamente no las utilizan -y sumemos: no están a cargo de la política pública en la materia-; aunque sí padecen sus consecuencias. De allí que no podamos analizar el problema de la proliferación de armas de fuego sin una mirada transversal feminista que comprenda el uso y el valor simbólico que tienen las armas en la construcción de las masculinidades hegemónicas.
El arma es un elemento fálico asociado a la construcción de una masculinidad hegemónica; es la idea del “macho protector” que extiende su poder a través del arma de fuego. El arma aparece asociada a la fortaleza, a la protección, al poder. Imagen que se retroalimenta con las visiones más positivistas que ubican el “peligro” en el exterior, en el otro extraño, extranjero, que puede vulnerarnos. Si el peligro está afuera de casa, entonces debemos “protegernos” o, en los términos patriarcales cis-heteronormativos, el hombre debe protegernos del afuera. Y así, curiosamente, se construye la idea de un “macho protector”, cuando todas las estadísticas son claras al respecto: las mujeres son asesinadas, en la abrumadora mayoría, a manos de sus parejas o ex parejas. El peligro está puertas adentro.
Según señalan las últimas investigaciones desarrolladas en Argentina, de cada 100 usuarios de armas de fuego, 99 son hombres. Las mujeres no son las usuarias ni las compradoras de las armas de fuego, pero sí sufren sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego. De ellos, en por lo menos 16% de los casos, había existido una denuncia previa, pero el Estado no fue capaz de evitar que el agresor siguiera teniendo acceso a armas de fuego. Esa falta de efectividad del Estado en la intervención sobre el arma de fuego ante una denuncia, se confirma al analizar los informes de la línea 144 del ex Instituto Nacional de las Mujeres: el 26% de las víctimas señala que el agresor dispone de un arma de fuego. Cuando ya hay una medida de protección vigente, y pese a que el secuestro del arma es una medida preventiva prevista en la ley, en 6 de cada 10 casos las víctimas señalan que el agresor sigue teniendo acceso a un arma de fuego. En 6 de cada 10 casos donde la justicia dictó una medida de protección -por ejemplo, la clásica prohibición de acercamiento- el agresor siguió disponiendo del arma de fuego. Aun cuando la ley faculta al juez o jueza a secuestrarla, ese secuestro no sucedió. Evidentemente, queda mucho por trabajar para que se comprenda la dinámica de la violencia y el riesgo que implican las armas de fuego en estos casos.
Es en estos contextos que desde el Estado se decidió injustificadamente durante todo un año suspender las políticas de control y prevención de la violencia con armas de fuego. Debemos comprender que en estas condiciones, las medidas de aislamiento dictadas no hicieron más que incrementar los riesgos: el Estado dejó a las mujeres solas en sus casas, con sus agresores muchas veces armados.
¿Qué podemos hacer?
El Estado puede y debe intervenir al menos en tres dimensiones: diseñar políticas para restringir el acceso a las armas, limitar y controlar sus usos e intervenir en casos de denuncia de violencias de género. Existen interesantes experiencias a nivel comparado que demuestran la relevancia de avanzar en medidas de este tenor. Por ejemplo, en Estados Unidos se realizaron investigaciones para medir el impacto de las medidas de restricción asociadas al secuestro del arma, demostrando que efectivamente existe una reducción de entre el 9% y el 25% en los femicidios, no habiendo existido un “efecto sustitución”, es decir, no se usan otras armas en reemplazo del arma de fuego que ya no está a disposición del agresor.
Existen diversas experiencias a nivel comparado que pueden ser recuperadas para impulsar medidas tendientes a prevenir las violencias de género con armas de fuego. El primer paso es poner en evidencia este problema.
Visibilizar es parte del camino a emprender. Resta que los órganos responsables atiendan a esta problemática y avancen firmemente en las políticas necesarias para garantizar a toda la sociedad una vida libre de violencias.
*Ana Copes. Diputada Nacional (MC) Partido Demócrata Progresista.
Ex Coordinadora del Comité para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.