La Auditoría General de la Nación (AGN), desde marzo a cargo de Jesús Rodríguez, envió recientemente al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, un informe especial elaborado por el equipo de Control Financiero del Sector No Financiero. En el mencionado informe especial se desagregan los movimientos financieros realizados por la administración estatal durante el período que va del 01.01.19 al 10.12.19.
Dicho sector No Financiero, tal como lo establece la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, comprende la Administración Provincial, es decir, el Poder Ejecutivo con sus ministerios, la Fiscalía de Estado y las secretarías, los Organismos de seguridad social (Caja de Jubilación, Iapos), entre otros, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y a las empresas públicas o con participación estatal mayoritaria.
Los números del Informe Especial de la AGN
El informe indica que “El esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento al 30/11/19 arrojó un resultado financiero deficitario de $ 8.198.688.770,62” y agrega que los “Ingresos de Capital ($ 3.376.631.552,86) fueron marcadamente inferiores a los Gastos de Capital ($ 28. 260.981.871,80). Del documento se desprende, asimismo, que los Gastos Corrientes Totales fueron $ 247.754.050.524,79 distribuidos en: Remuneraciones (42,10%), Prestaciones de Seguridad Social (19,80%), Transferencias Corrientes (18,80%) y Gastos de Consumo (14,90%), el resto entre Rentas a la Propiedad y Gastos Corrientes y añade que la Administración “recaudó 38% menos de lo estimado en el Presupuesto”.
Además, merced a la información que ha provisto el Sistema Provincial de Administración Financiera (SIPAF) el máximo organismo de control del país, ha podido constatar que el saldo contable en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) al 10 de diciembre de 2019 es de $ 15.091.385.460,30 y que la deuda del estado provincial con el mencionado fondo ha alcanzado los $ 14.450.000.000, éste último dato ha cobrado relevancia pues el ministro de economía en funciones, Walter Agosto, lo contabiliza como parte de la deuda total del estado, mientras que, desde otra perspectiva, Gonzalo Saglione, el ministro saliente, ha venido aclarando que las deudas que el estado tiene consigo mismo no pueden considerarse en igual manera que aquellas responsabilidades financieras contraídas con terceros.
Retrospectiva breve
Ya desde el mes de enero, Saglione ha venido dando cuenta del impacto negativo que habían tenido las partidas no enviadas por el gobierno nacional en concepto de aportes de la Administración de la Seguridad Social (ANSES), aportes que, como sostuvo en este medio, “otras provincias efectivamente recibieron y que implican cifras de alrededor de 3000 millones de pesos. Lo cierto es que llegó 0 pesos”. En consecuencia, adujo, “esto generó una disminución de recursos, que creó déficit, que no es fruto de una política de gastos del Estado provincial, sino que es fruto de un incumplimiento del Estado nacional”. Según hemos podido recabar, el monto de los juicios que tienen sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a valores históricos -actualizados- estaría por encima de los $ 100.000.000.000, los cuales de hacerse efectivos habrían de aliviar ostensiblemente esta situación financiera.
En aquella oportunidad también mencionó el impacto en “las arcas provinciales de las decisiones tributarias nacionales, tomadas a partir del Decreto de necesidad y urgencia del 14 agosto, que afectó la coparticipación de todas las provincias. Según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos, Santa Fe perdió entre agosto y diciembre, entre 3000 y 4000 millones de pesos en virtud de esa medida unilateral y que la Corte Suprema de Justicia ha considerado inconstitucional”.
Una transición con diferencias de criterio
Volviendo al informe, cabe destacar que en Santa Fe, la deuda pública provincial se incrementó en los meses auditados en un 54% y, en una línea que también fue controversial en la transición, el pasivo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), reiteramos, a diciembre de 2019, sumó $ 2.913.628.614,41.
Los $ 8.198.688.770,62 de déficit han sido el único punto coincidente. En efecto, ni los funcionarios políticos salientes, ni los entrantes, han puesto en duda este valor. No obstante, los voceros y el propio ministro de economía del gobernador Perotti, han lanzado números tales como “$ 29.000.000.000 de deuda”. Literalmente, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, declaró en los medios nacionales que el informe de la AGN muestra que “la deuda flotante que se conoce -la deuda con proveedores, contratistas, municipios y comunas- alcanza los 29 mil millones de pesos”, en realidad el informe, en página 26, sólo dice $ 14.793.989.000.
Para Saglione, la deuda exigible, la “que demanda efectivamente recursos para poder ser cancelada, que son los montos que están pendientes de pago a proveedores y contratistas (…) es de 4.500 millones, el informe habla de 4.401 millones, a lo cual le agrega la deuda con municipios y comunas, por 487 millones. Esa es la deuda donde hay alguien esperando cobrar: proveedores, contratistas, municipios y comunas” (Ámbito Financiero, 07.06.20).
Una controvertida transición
¿Cómo se ha originado la discrepancia? Fuentes altamente calificadas, consultadas por El Colono del Oeste, han informado que se postula ese número sobre la base de considerar la deuda flotante en $ 14.793.989.000, de los cuales a Proveedores y Contratistas se le debían $ 4.415.301.000; los sueldos, que se pagaron pocos días después de la fecha de cierre de la auditoría, $ 2.021.908.000 y con otros organismos del propio estado provincial (Caja de Jubilaciones y Caja de Asistencia Social), por $ 5.211.886. El resto suma $ 3.144.891.000. El mandatario actual ha ordenado sumar también la deuda con el FUCO por $ 14.450.000.000, la cual, como se indicó, para los funcionarios salientes, es deuda con el mismo estado y no puede ser incorporada a la misma categoría que otras obligaciones. Es así como se llega a la suma $ 29.243.989. 000.
Mauricio Yennerich
En la Foto: Jesús Rodríguez, economista radical alfonsinista, quien preside la Auditoría General de la Nación, entidad encargada del Informe Especial de la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero sobre la administración santafesina. Documento disponible en https://www.agn.gob.ar/informes/informe-especial-de-procedimientos-de-corte-en-la-provincia-de-santa-fe-con-motivo-del