Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad llegaron a ser fiscales de manera gris. Griselda Tessio, la ex fiscal federal, vicegobernadora de Santa Fe, diputada provincial e hija del ex concejal de Esperanza, Aldo Emilio Tessio -el último gobernador radical de la provincia, esperancinos ambos- y su compromiso con la Justicia que hoy, ante el escándalo, se resalta.
El sospechoso invesigado Peiti contó el viernes en audiencia que el fiscal Ponce Asahad le dijo entonces que tirara el celular y que había una investigación muy grande contra él que podían desactivar a cambio de 100 mil dólares. ¿Dijo la verdad?
Los fiscales sospechados lo negarán. Pero no podrán negar que estuvieron viendo un informe que implicaba a Peiti en un delito y que un día después el empresario no usó más esa línea telefónica.
Este indicio es uno más de los reunidos por los investigadores que comprometen a Serjal y a Ponce en la resonante pesquisa que les reprocha dar cobertura institucional a cambio de dinero al emprendedor de casinos clandestinos, lo que implicará que haya una presentación de la auditora general del Ministerio Público de la Acusación en la Legislatura que puede costarles el cargo a ambos.
Con historia
Serjal tuvo problemas desde antes de su designación. Altos funcionarios judiciales indicaban que no tenía el tiempo exigido de residencia en Rosario para acceder al cargo por tener domicilio en San Pedro. Fue designado tras ser un fiscal de Flagrancia de muy bajo perfil en un concurso sin evaluación de gestión de los candidatos (todos fiscales en ejercicio) ni valoración técnica, ni contraste de antecedentes.
La indiscutible mano derecha de Serjal fue Ponce Asahad, que también tuvo una designación controvertida. La diputada radical Griselda Tessio, quien fuera vicegobernadora de Hermes Binner, criticó con énfasis a quienes como Ponce llegaban a consideración de la Asamblea Legislativa para ser fiscales con el dictamen negativo de los jurados que los habían examinado.
Tessio justificó el voto negativo de su bancada diciendo que Ponce protegió a la ex jueza María Luisa Pérez Vara cuando ésta eludió investigar el crimen de Luis Medina y su novia en diciembre de 2013.
En una nota de Rosario/12 el periodista Juan Carlos Tizziani reseñó la intervención de Tessio, que en marzo de 2015 dijo que en ese juzgado de Instrucción Nº 5 Ponce “tenía la llave del despacho y gozaba de la mayor confianza de la jueza”.
Sobre la causa en la que Pérez Vara fue procesada por incumplimiento de deberes por estar en la playa cuando debía estar en el tribunal, Tessio dijo que Ponce “trató de amparar a su jefa, dijo que estaba en Rosario cuando se probó que estaba en Cariló. Ese sólo hecho es sumamente grave”.
Bien oscuro
Ponce tuvo manejos desconcertantes. Por ejemplo, bloquear sin motivo la devolución de expedientes de policías denunciados por enriquecimiento al personal de Asuntos Internos a cargo de las investigaciones patrimoniales. Esa demora jugaba en favor de la prescripción de los trámites. Esa retención de causas suponía un tráfico de influencias idéntico al que se le reprocha ahora por dar información privilegiada a delincuentes para saber cuándo serían allanados o cómo están sus causas.
En 2017 el fiscal general Baclini le abrió un sumario a Ponce por dejar ir en libertad a Juan Carrazán, un hombre de 33 años detenido con un revólver calibre 38 que contaba con pedido de captura por una condena por dos homicidios, debido a que no regresó de una salida transitoria a la cárcel de Coronda. También lo cuestionaron por encarcelar a padres de chicos que habían hecho falsos avisos de bombas a escuelas.
Tessio contra Ponce
Cuando analizaban el pliego de Ponce, Tessio fue muy enérgica con sus impulsores y con el entonces gobernador Antonio Bonfatti que los remitió. “Es poco entendible que aparezcan pliegos de fiscales que llegan con un dictamen negativo de los jurados y a pesar de eso son candidatos a la magistratura. Eso es una aberración”, sostuvo. La legisladora señaló que Ponce “no era apto para la función” de fiscal. Y consideró incomprensible que se tramitara el pliego cuando en su caso el jurado señaló gravísimas falencias.
Finalmente Ponce consiguió el aval con 19 votos del PJ que lideraba Luis Rubeo, ocho en contra (UCR) y abstenciones del Frente Progresista, tres justicialistas y el PRO.
Discutido
Serjal, que encontró el sólido respaldo de un sector de senadores del PJ y de algunos radicales cercanos al PRO, quedó varias veces resbalando en situaciones opacas.
No es un secreto que la recriminación más fuerte la producen los fiscales a los que conduce como fiscal regional como estar a favor de la competencia federal en los casos de lavado de activos o bajar indicaciones de juicios abreviados, a menudo concertados con un mismo núcleo de abogados, en contra de los criterios de los fiscales. O, al revés, no tener presencia para controlar los abreviados con penas mayores a seis años, que requieren su aval. Y sobre todo estar ausente de su despacho de manera reiterada.
Serjal asignó a Ponce una oficina que controlaba los procedimientos de la policía, la llamada “Unidad de Allanamientos”. Así, administraba un poder enorme que para sus críticos conviene diluir entre muchos fiscales. Esto que le daba a Ponce el conocimiento de todo lo que pasaba. Esa concentración del registro de los operativos policiales permite a quien lo controle de manera infiel tener influencia para hacer y deshacer de manera dolosa, que es lo que ahora los investigadores le imputarán.
En noviembre Serjal fue denunciado tras haber comprado dos vehículos al dueño de una concesionaria al que días antes favoreció con el cierre de una causa en la que estaba acusado de vaciar una empresa.
Diputados de la UCR piden que los suspendan
El bloque de diputados provinciales de la UCR pidió la “urgente sesión conjunta” de diputados y senadores santafesinos “para resolver la suspensión preventiva con retención de haberes” de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal mientras se desarrolla la investigación.
“Esta situación tiene graves implicancias en el servicio de justicia y en la indispensable credibilidad pública de las instituciones que lo administran. Ante las investigaciones en curso que refieren a la comisión de delitos de parte de ambos fiscales, instamos al pleno de la Legislatura a responder de manera urgente y clara en resguardo de la transparencia del Ministerio Público de la Acusación y para preservar la confianza pública en esa entidad”, señalaron en un comunicado.