La caída de la recaudación tributaria que se está produciendo por el “parate” de la actividad comercial, industrial y ganadera, ha estado agudizando la inteligencia recaudadora de muchos funcionarios, cuyas fuerzas parecen estar orientadas hacia un respaldo global y una interacción multilateral.
Además, la posibilidad de un bono provincial para pagar sueldos, o de formatos más precarios incluso, para pagar a los contratistas, parece haber caído en saco roto tras el anuncio de un programa de gobierno que activa Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Asimismo, la administración estatal, ha dado la nota al pagar casi el doble por productos cuya adquisición responde a la emergencia social vigente.
950 cuentas bancarias de más de un millón de dólares de argentinos en el exterior
Uno de los aspectos de la crisis por el brote de Covid-19 es fiscal. En ese sentido, se ha constatado que la informalidad es uno de los principales problemas de la economía. Hay una economía en negro gigantesca, cuyos frutos-dividendos, no obstante, han logrado ser depositados en el exterior.
En vistas de esto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha iniciado una tarea de inteligencia para detectar las cuentas en el exterior y el resultado es sorprendente. Miles de millones de dólares de connacionales están depositados en cuentas en el extranjero. Textualmente, la revista Noticias publicó que “La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a evaluar un extenso paquete de información sobre cuentas de argentinos en el exterior que fue recibido en el marco de un acuerdo multilateral de intercambio de información”. Este acuerdo multilateral de intercambio de información tributaria, permitió “identificar 950 cuentas de argentinos con altos patrimonios que presentan saldos por más de 1 millón de dólares y que no fueron informadas por sus beneficiarios finales, sus verdaderos dueños, en las declaraciones juradas del impuesto de bienes personales”.
“La investigación —continúa la nota—, a cargo de la Subdirección General de Fiscalización del organismo, estableció que el saldo en esas cuentas, entre depósitos y activos financieros, supera los 2.600 millones de dólares”.
Bonos provinciales
La crisis no es sólo fiscal, también es económica, tanto es así, que desde principios de abril, un grupo de gobernadores —Schiaretti de Córdoba; Manzur, en Tucumán; Perotti en Santa Fe y Arcioni en Chubut— vienen planteando la posibilidad de emitir bonos para pagar sueldos. En realidad, para la administración chubutense estos pagarés ya son un hecho desde marzo del año pasado. En ese sentido, el presidente Fernández ha respondido a estas iniciativas que destruyen la territorialidad monetaria, anunciando la creación de un Programa para la Emergencia Financiera Provincial. En estos días, si se cumplen todos los procedimientos previstos, la provincia de Santa Fe habrá recibido $ 1700 millones a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Las provincias deberán devolver a partir del 1 de enero del año próximo, en 36 cuotas ajustadas por inflación (CER) más un 0,10% nominal anual con la coparticipación futura como garantía. Estos préstamos serán acuerdos bilaterales que el gobierno evaluará en función del rubro para el que se apliquen y la programación fiscal y financiera de las provincias para poder devolverlo.
En el mismo orden, el económico financiero, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través del director de economías regionales, Pablo Vernengo, ha acusado al sector bancario de egoísta, textualmente, de “no poner el hombro” y manifestó que el sector que representa está pidiendo tasas de 0 a 10 %. Para el empresario, tras la pandemia del coronavirus en la Argentina se deberá “trabajar” en una reforma tributaria y laboral. Es el momento justo para hacer una transformación tributaria y luego de eso no tengamos que estar pagando 163 impuestos. Hay equipos técnicos que deberían ya a ponerse a trabajar en una reforma tributaria en serio.
Las compras del Estado
Finalmente, la crisis también expresa cuestiones morales. “Al abrigo de la pandemia —ha escrito Diego Cabot en la edición dominical de La Nación— el gobierno convalidó precios de alimentos de la canasta básica que se convirtieron en un escándalo. Compró 4,76 millones de unidades, repartidas en paquetes de arroz, lentejas, fideos y azúcar, además de un millón de botellas de aceite. El ticket sumó $ 543 millones. Si hubiese pagado el precio que cualquier argentino abona en el almacén de la esquina, se hubiesen ahorrado al menos $ 220 millones”.
En efecto, las compras de aceite mezcla (1 ½ litro) del Ministerio de Desarrollo Social de la nación, que compra lotes de 340 mil unidades de productos, fueron realizadas a la empresa Sol Ganadera con un precio superior al minorista de $ 59,8; a Copacabana por $ 60 más; y a Teylén por $ 68 adicionales al precio promedio. Los fideos semolados, por su parte, fueron comprados, por el mencionado ministerio, $ 85 pesos más caros que en el almacén del barrio a las firmas Sol Ganadera, Copacabana y Forain. El azúcar común tipo A por kilo, $ 75 más caro que el que se consigue en cualquier supermercado, ha sido comprado a Copacabana y Alimentos Generales. Las lentejas, operación en la que intervino la firma santafesina M. H. Accurso, se pagaron entre $ 170 y $ 166 más que en los negocios minoristas. Finalmente, el arroz por kilo, fue adquirido a las firmas Teylén, Alimentos Generales y Copacabana $ 68 más caro que en lo del almacenero. Reiteramos que, estas operaciones en conjunto, han dejado una diferencia total de $ 220 millones.
Mauricio Yennerich
Fuentes:
- “La AFIP descubre 950 cuentas no declaradas en el exterior”, Revista Noticias, 08.04.2020.
- “CAME alertó que la cadena de pago en las economías regionales está rota”. ámbito.com, 11.04.2020.
- Diego Cabot: “Las compras del Estado, un sistema ineficiente que genera corrupción”, La Nación, 12.04.2020.