En la primera semana de junio el Poder Ejecutivo Nacional decretó la intervención de la empresa Vicentín SAIC, con sede en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y designó a Gabriel Delgado y a Luciano Zarich como interventor y sub-interventor, respectivamente. Además, por aquellos días, estuvo circulando en el Parlamento un borrador para una ley de expropiación. Adicionalmente, la Unidad de Información Financiera (UIF) activó una causa penal por lavado de activos que involucra a la firma santafesina.
La familia Vicentin y los accionistas plantearon en una solicitada del domingo 15 que “luego de 90 años de una trayectoria intachable” han tenido que presentarse en un Concurso de Acreedores y que estaban “gestionando y evaluando” ofrecimientos de distintos empresarios, negociaciones que la mencionada intervención estatal venía a entorpecer.
Por su parte, el gobierno alegó que la intervención se justifica en la idea de evitar un desguace y un salvataje por parte de privados extranjeros. En dos palabras: evitar la extranjerización.
Vicentin SAIC es una empresa que pertenece al sector agroexportador y este sector de la economía nacional ha experimentado un crecimiento exponencial; además, la compañía fue la mayor exportadora de harina y aceite de soja en 2019. Esta evidencia vuelve difícil de entender el pasivo de $ 99.345.200.000 que tiene la empresa. La versión oficial de la firma es que hubo endeudamiento en dólares para financiar la expansión.
No obstante, la UIF, como se adelantó, pidió ser querellante en una causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentin SAIC y al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, por el préstamo de $ 18.500 millones que le concedieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Concretamente, la UIF investiga una posible cesación de pagos fraudulenta y complejas maniobras de lavado de activos.
“Alberto es la continuación del kirchnerismo por otros medios”
Tal como indican las crónicas, ni el ministro de agricultura, Luis Basterra, ni el de economía, Martín Guzmán, sabían de antemano los pormenores de la intervención orientada a la expropiación. Maniobra que el sitio bloomberg.com ha presentado como una señal de alarma para los inversores que la identifican con la nacionalización de YPF en 2012 y con una movida riesgosa para nuestro país, cuando se están negociando USD 65.000 millones de deuda.
No obstante, desde el gobierno han advertido que la crisis financiera de la firma tiene repercusiones tan fuertes en la industria, que no es posible ignorarla. Juan Cruz Díaz, director de consultoría política para empresas del grupo Cefeidas, manifestó que la caída de Vicentin produce, entre los productores independientes y pequeños, un daño de tal magnitud, que de alguna manera debe ser salvada.
El presidente Fernández trabajaba por aquellos días en soluciones alternativas a la expropiación consultando a especialistas. La idea era asociar Vicentin SAIC a YPF Agro. Roberto Lavagna, por ejemplo, siempre estuvo en desacuerdo con la expropiación por su efecto negativo sobre las expectativas del sector privado y la negociación de la deuda y Martín Redrado recomendó armar un esquema con bancos públicos y privados que, a partir de canjear deuda por capital, se transformaran en accionistas. Luego, un gerenciamiento profesional para el saneamiento de la empresa haría ventajosa su venta.
Pero, después de cenar con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Fernández terminó anunciando la expropiación. Esta situación llevó al periodista Jorge Liotti a escribir que “inspirados en la frase que inmortalizó el general prusiano Carl Von Klausewitz (‛la guerra es la continuación de la política por otros medios’), bien podría decirse que Alberto es la continuación del kirchnerismo por otros medios”.
Del grito de Alcorta al grito de Avellaneda: The Soy Exporter´s Rebelion
Vicentin SAIC está en Avellaneda, al Norte de Santa Fe, en lo que fue territorio forestalino. Es una ciudad en la cual, las últimas dos de las tres escuelas han sido construidas por la firma. Esta localidad se transformó, un mes después del decreto de intervención, en el epicentro del banderazo contra el gobierno. Banderazo sobre el cual el sacerdote Tomás Spanghero ha dicho “ayer fue el grito de Alcorta, hoy es el grito de Avellaneda”.
Asimismo, el proyecto de intervención tendiente a la expropiación sufrió un revés judicial cuando el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenó la restitución de los 11 directivos de la compañía. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), específicamente, de Alejandro Berro, para que, junto a los interventores relegados, Delgado y Zarich, cumpla funciones de supervisión. Perotti, una figura emergente del peronismo menemista-reutemanista, que impulsó, coordinó y avaló la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, involucrado en un rescate de más de $ 99.000 millones ¿Qué puede salir mal?
Adicionalmente, la jueza María Alejandra Biotti, en oposición al fiscal del caso Fabián Canda, dictaminó en contra del pedido del ministro de desarrollo productivo de la nación, Matías Kulfas, para que la causa, por la intervención de Vicentin, fuera tramitada en el fuero contencioso administrativo de la Capital Federal.
En tanto, el mencionado juez Lorenzini, a cargo del Concurso de Acreedores, expresó que no le correspondía a él resolver sobre la inconstitucionalidad del DNU que ordena la intervención, sino a la Justicia Federal de Santa Fe. Para Kulfas, sin embargo, el accionar del juez Lorenzini que se declaró incompetente para definir planteos de inconstitucionalidad y, a la vez, presentó la cautelar que restituyó en sus cargos a los gerentes, relegando a funcionarios interventores a meras funciones supervisivas, presenta incoherencias, contradicciones y arbitrariedades: si se declaró incompetente para dictaminar la inconstitucionalidad, también lo era para resolver la cautelar con la que corrió a los interventores.
La solicitud de cambio de órbita de la causa podría estar fundamentada en las consecuencias distorsivas del arraigo y peso político del trust sobre el entramado institucional local y regional. La jueza Biotti parece no haberlo notado, pues sostiene que los efectos de la inconstitucionalidad se producen, “casi” exclusivamente en Reconquista-Avellaneda y por lo tanto no ha dado lugar al reclamo de cambio de jurisdicción.
En definitiva, quienes deseen invertir en el proyecto de recuperación de Vicentin SAIC, dados los plazos procesales, no tendrán un interlocutor válido sino hasta dentro de dos meses, mínimo.
Mauricio Yennerich
Fuentes:
- Liotti, Jorge: “El día que la vicepresidenta cambió el plan” (14.06.2020);
- De los Santos, Germán: “El gobierno frena la expropiación de Vicentin y evalúa alternativas” (20.06.2020);
- Ini, Candela: “Rechazan el pedido judicial del gobierno para que el caso Vicentin pase a Buenos Aires” (04.07.2020), en La Nación.
- Golbert, Jonathan: Argentina Seizes Top Soy Export in New “Statist Vision”, en bloomberg.com