Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitan penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales.
Los acusados son Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54. Hernández y Jiménez les atribuyeron la autoría de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real y coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
Los funcionarios del MPA pedirán también que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos a cada uno.
Por qué nueve años
“La pena que solicitamos se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales. “Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, agregaron.
En cambio, “los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”.
Modus operandi
Hernández y Jiménez brindaron detalles. “Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo. Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades ilegítimas”.
En el caso de Odriozola, habría actuado de esa forma entre enero y agosto de 2015, causando al Estado un perjuicio económico de 1.058.664,20 pesos. Por su parte, Grau operó entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, con un perjuicio patrimonial de 958.385 pesos.
Condenados
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron.
Las personas con condenas hasta el momento son:
* Raúl Patriarca de 50 años, policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* Ariel Hernán Villanueva de 44 años, policía y Contador Público Nacional, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* José María Leiva de 53 años, policía, exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
* Facundo José Testi de 42 años, civil, dueño del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 1 millón de pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 años, civil, dueño del taller “Servicio Mecánico”, miembro de la asociación ilícita:condena a tres años de prisión condicional.
*Maximiliano Ambrosio de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos al MPA.
*Artemio Biscari de 42 años, civil, dueño del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos al MPA.
* Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista, dueño del taller “Los Hermanitos”, miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, la pena fue por integrar la banda criminal, por la defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor , y tenencia de arma de guerra sin autorización legal.
La investigación la inició el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo quien era ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Fuentes: MPA/ LT10/ El colono del Oeste